En medio de una creciente preocupación por prácticas poco transparentes en los modelos de suscripción automática, nuevos marcos regulatorios están entrando en vigor en Estados Unidos que redefinirán cómo operan estas empresas.
De acuerdo a un reciente reporte de The Sun sobre las reformas en leyes estatales de renovación automática, son muchos los cambios y desafíos que afrontan las compañías con modelos de suscripción.
¿Qué es el “negative option” y el impulso regulatorio?
Muchas empresas utilizan lo que se conoce como cláusulas de renovación automática (o “negative option”), en las que el consumidor sigue siendo facturado a menos que se oponga activamente o cancele el servicio.
Estas fórmulas han sido criticadas por “atrapar” a clientes que no recuerdan cancelar sus suscripciones, o por dificultar el proceso de baja.
Para responder a esas quejas, se han aprobado reformas tanto en el ámbito federal como en varios estados que exigen mayor transparencia, consentimiento expreso y mecanismos de cancelación sencillos.
Sin embargo, los nuevos cambios se enfrentan a desafíos legales, lo que crea un panorama regulatorio complejo.
Entre los principales cambios, las nuevas reglas obligan a las empresas a obtener un consentimiento afirmativo antes de activar una renovación automática.
Ya no bastará con una casilla preseleccionada o una cláusula oculta en los términos y condiciones.
Además, las compañías deberán informar claramente los costos, la frecuencia de cobro y las condiciones de cancelación antes de solicitar los datos de pago del cliente.
Estas exigencias, que ya se aplican en estados como California y Nueva York, también contemplan la obligación de notificar con antelación cualquier aumento de precio o renovación de contrato.
Otra de las medidas más destacadas es la regla de cancelación fácil, que establece que el proceso para cancelar una suscripción debe ser al menos tan simple como el de contratarla.
En otras palabras, si un usuario se suscribió en línea, debe poder cancelar también en línea, sin tener que llamar por teléfono o pasar por múltiples pasos. Algunas leyes permiten ofrecer descuentos o promociones para retener al cliente, pero siempre que la opción de cancelar esté claramente disponible con un solo clic.
¿Qué significan estos cambios para las empresas?
Estas reformas surgen como respuesta a una ola de preocupaciones sobre prácticas engañosas en los servicios de suscripción, que se han multiplicado en sectores como el streaming, los gimnasios, las aplicaciones móviles y el software.
La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) también ha intensificado su vigilancia: en abril de 2025 demandó a Uber por presuntas irregularidades en su servicio Uber One, alegando que dificultaba la cancelación de suscripciones y no informaba con claridad sobre los cargos recurrentes.
Para las empresas, este cambio de reglas implica ajustes significativos. Tendrán que rediseñar sus formularios, modificar sus sistemas de facturación, crear recordatorios automáticos y capacitar a su personal en las nuevas obligaciones legales.
Además, deberán tener en cuenta que las normas varían entre estados, lo que complica el cumplimiento para aquellas que operan en todo el país. La fragmentación normativa es, de hecho, uno de los mayores retos: cada jurisdicción establece plazos distintos para avisos de renovación, mecanismos de cancelación o excepciones para determinados servicios.
A esto se suma el riesgo de multas y demandas colectivas para quienes no cumplan con los nuevos estándares. Las sanciones pueden ser elevadas y el daño reputacional, aún mayor, especialmente en un contexto donde los consumidores valoran cada vez más la transparencia y el control sobre sus datos y finanzas.