Donald Trump hizo una declaración sobre hechos violentos que se han presentado durante las protestas en varias ciudades del país contra el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos) y las políticas antiinmigratorias.
En una entrevista con medios estadounidenses, Trump aseguró que las personas que atacan a personal de ICE son “estúpidas; se tendrán que ir pronto del país”.
El presidente dijo que quienes ataquen a agentes del orden, “pasarán un largo tiempo en la cárcel” y recibirán las “máximas consecuencias”.
Mencionó que hay dinero detrás de esas operaciones contra agentes de ICE, ya que cuentan con armas de última generación para atacar al personal federal.
Además, dijo estar seguro de que no se trata de actos aislados, sino organizados, y que, por lo tanto, deben tratarse como delitos graves.
¿El gobierno puede judicializar estas acciones?
El Gobierno de Estados Unidos puede judicializar a personas que participen en protestas si cometen actos ilegales, como violencia, vandalismo o amenazas contra agentes federales.
Bajo leyes como la Ley de Insurrección o estatutos federales que protegen a funcionarios públicos, protestar pacíficamente es un derecho constitucional en la Primera Enmienda.
En acciones como agresiones, obstrucción de funciones oficiales o daños a propiedad federal, los responsables pueden enfrentar cargos criminales.
Casos recientes muestran que el Departamento de Justicia ha procesado a manifestantes por estos delitos, especialmente en enfrentamientos con ICE o la policía.
La línea entre protesta legítima e ilegalidad depende de las acciones concretas.
En ciudades como Los Ángeles, las protestas se han intensificado, y se han registrado fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la policía angelina.
Cientos de personas han sido arrestadas durante los choques.
Ley Laken Riley
Promulgada por el presidente Donald Trump en enero de 2025, endurece las políticas migratorias tras el asesinato de la estudiante Laken Riley en 2024.
Riley tenía 22 años el día de su crimen, y fue presuntamente cometido por un inmigrante ilegal.
La norma, impulsada por republicanos, establece:
- Detención obligatoria de migrantes indocumentados acusados de cualquier delito, eliminando la libertad condicional.
- Sanciones a ciudades santuario que no colaboren con las deportaciones.
- Compensación económica para familias de víctimas de crímenes cometidos por indocumentados.
Trump la defendió como “justicia para Laken” y parte de su política de tolerancia cero, mientras grupos defensores de DD. HH. la califican como una medida punitiva.
Su aplicación ya ha generado controversia por aumentos en detenciones y desafíos legales.