El veedor Pablo Bustos señaló que el Gobierno nacional con el decreto 1437 busca poner un freno a los embargos de los recursos de la salud, el cual modificó algunos artículos del decreto 780 de 2016.
Con esto “no se podrán recaudar o depositar cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud en cuentas bancarias diferentes a las establecidas por la ADRES. El recaudo de las cotizaciones o aportes se efectuará a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -PILA”, se lee expresamente en el decreto.
Y será la ADRES la que informará a las entidades de inspección, vigilancia y control, las inconsistencias que se presenten en el reporte de la información por los operadores de información y financieros que impidan la plena identificación del recaudo y el flujo de los recursos, según señala el documento.
“A raíz de la expedición del decreto del Gobierno nacional, que busca contener el cartel de los embargos, la Red de Veedurías les pone lupa a los juzgados, 2, 4 y 5 de Neiva, los cuales estarían embargando recursos sagrados de la salud de los colombianos”, denunció Bustos.
Por lo que el abogado hizo un llamado a la Comisión Nacional de Disciplina Nacional y a las comisiones seccionales para que junto con la Procuraduría se pronuncien “sin dilaciones frente a este gravísimo problema”, dijo.
Aunque el veedor nacional celebró la iniciativa del Gobierno, también advirtió que le faltó dientes en las restricciones establecidas en el decreto para proteger los recursos de la salud, pues no protege los embargos de la UPS, " es decir, de la unidades por capitación que son el valor anual que el estado reconoce, por cada uno de los afiliados al sistema de salud, para cubrir las prestaciones del plan obligatorio de salud, tanto en los regímenes contributivo, como subsidiado”. Para Bustos, eso ocurre porque estos recursos están todavía a nombre de las aseguradoras y las EPS.
“Estos recursos que representan cerca de 40 billones de pesos, pueden ser aún embargados y las medidas adoptadas son aún insuficientes”, advirtió el veedor, quien recordó que ha denunciado en repetidas ocasiones a los juzgados 35 civil de Bogotá y el juzgado 15 de Barranquilla. Por ello, pide que las entidades encargadas de investigar y sancionar tales supuestas irregularidades tomen cartas en el asunto.
Caber recordar que hace un par de meses, la Red de Veedurías de Colombia denunció que hay un presunto “cartel de los embargos” en diversos juzgados del país, el cual tendría como propósito presentar demandas millonarias que terminan con frecuencia en manos de los mismos jueces o despachos judiciales de manera ilegal, al punto de autorizarse el embargo de cuentas inembargables, incluidos recursos intocables destinados a prestar los servicios de salud, como son las EPS, en el caso de cuentas maestras recaudadoras, que operarían en Barranquilla, Bucaramanga e incluso Bogotá.
Bustos anunció en su momento acciones penales, disciplinarias, de responsabilidad fiscal y éticas de jueces, abogados y funcionarios que serían los encargados de realizar los repartos. Además, solicitará la vigilancia especial por parte de la Procuraduría General para que se investiguen las presuntas irregularidades.
La Red de Veedores indica que está terminando de recopilar el material probatorio que demostraría que en ese entramado participan desde gerentes de EPS, así como abogados y jueces que han embargado cuentas millonarias cobrando hasta dos veces lo mismo sin aportar las pruebas suficientes de los supuesto incumplimientos en los pagos.
Otros de los puntos que se podrían observar en las presuntas irregularidades están en hospitales, clínicas y otras IPS que estarían cobrando por un servicio hasta el triple del valor real para engrosar una cifra de deudas que aumentan el valor de lo requerido por el paciente. Cuando se representan dichas demoras, los prestadores del servicio empiezan un cobro jurídico a las EPS del país y es allí donde, según los veedores, empieza el entramado que beneficia a una serie de profesionales que ellos califican como “corruptos”.