El alcalde de Villa de Leyva, municipio maqueta y ventana turística del departamento de Boyacá, fue capturado por presuntos hechos de corrupción: le imputaron cargos y un juez consideró que efectivamente es un riesgo para la sociedad y el proceso, por eso lo envió a la cárcel.
Sin embargo, hace un mes la suerte cambió para Víctor Alfonso Gamboa y logró un beneficio que solo está destinado para generales de la Policía condenados o hijos de presidentes procesados: un cupo en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo).
El Inpec confirmó que desde el 31 de mayo el alcalde Gamboa fue trasladado de la cárcel La Picota, donde tenía espacio como cualquier privado de la libertad o con algunas diferencias dada su condición de funcionario público, al Cespo, donde además están las casas fiscales de varios generales de la Policía, incluso algunos condenados.
Gamboa no es militar ni policía, no cumple las condiciones que se requieren para recibir beneficios de este alcance; aun así, ahora es el nuevo huésped del mismo sitio que alojó a connotados personajes de la vida política y social de Colombia que, por distintas razones, terminaron en un enredo judicial.
Gamboa resultó en un lío con la Fiscalía luego de varias denuncias sobre su intervención ilegal y exigencias económicas y otros beneficios para facilitar los trámites urbanísticos de un proyecto inmobiliario. Los investigadores recaudaron las pruebas y las evidencias que se supone llevarían al alcalde a la cárcel, no a un centro de estudios.
“Inicialmente, el 8 de junio de 2025, el mandatario habría exigido a la representante legal de una empresa de inversiones contratar a una persona en específico para que brindara asesoría para gestionar varios permisos y otros requerimientos administrativos. Posteriormente, al parecer, pidió aumentar la asignación salarial para su referido, quien laboró durante 11 meses y recibió pagos cercanos a los 48 millones de pesos”, indicó la Fiscalía.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el 4 de marzo de 2026, el alcalde Gamboa presuntamente solicitó a la empresaria, a través de mensajes de voz, 112 millones de pesos que correspondían al 20 % del valor fijado por la ampliación de la licencia de construcción. Luego, mediante una llamada telefónica, retiró esa pretensión.
“Dos días después, el 6 de marzo, el alcalde expidió una resolución, pese a encontrarse en un posible conflicto de intereses, que sería una retaliación y presión ante la negativa de la empresaria de acceder a sus peticiones económicas. Situación que se configuró en una desviación del poder”, señaló el ente acusador.
Gamboa no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y espera que los fiscales radiquen el escrito de acusación con el que buscarán una condena en su contra. Por este mismo proceso, otra persona también fue imputada.