A pocas horas de las elecciones al Congreso y de las consultas presidenciales interpartidistas, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y la Fundación Colombia 2050 emitieron una alerta pública sobre los riesgos que, según indican, enfrenta la democracia colombiana en este proceso electoral.
Las organizaciones señalaron que el principal peligro para la jornada electoral no se limita al fraude tradicional, sino que también está relacionado con la presión que ejercen estructuras criminales en diferentes territorios del país. Según explicaron, estas dinámicas pueden afectar la representación política y derivar en una reconfiguración del poder institucional.
En el pronunciamiento, ambas entidades hicieron un llamado al Gobierno nacional para que concentre sus esfuerzos en garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de la jornada electoral.
En ese sentido, señalaron: “Hacemos un llamado al Gobierno nacional y al presidente Gustavo Petro para priorizar la intervención del Estado en los territorios donde está en riesgo el voto libre. En lugar de cuestionar la legitimidad del proceso electoral o generar desconfianza sobre las instituciones encargadas del mismo, el país debe concentrarse en garantizar la seguridad electoral y la libre competencia política este domingo 8 de marzo”.
De acuerdo con el documento, la ausencia de hechos violentos visibles no necesariamente implica la existencia de garantías democráticas en todas las regiones. Las organizaciones advierten que en algunos territorios el control ejercido por grupos armados ilegales puede influir en la actividad política sin necesidad de recurrir a ataques directos.
“La ausencia de violencia visible no significa que existan garantías democráticas. En algunos territorios, el control criminal es tan fuerte que los grupos armados ilegales ya no necesitan asesinatos ni ataques directos para influir en la política. El miedo, el subregistro de denuncias, la intimidación y las restricciones al proselitismo pueden ser señales de subyugación criminal”, señalaron.
Las entidades también advirtieron que este tipo de dinámicas podría derivar en procesos de cooptación institucional. “El riesgo más grave es que estas dinámicas deriven en procesos de cooptación institucional, en los que estructuras criminales favorecen autoridades o representantes funcionales a sus intereses. Allí donde no existe competencia política realmente libre, es previsible que resulten favorecidos determinados candidatos u organizaciones políticas. Colombia ya vivió un episodio de parapolítica y no puede permitir un nuevo capítulo de narcopolítica”, indicaron.
Datos de la Misión de Observación Electoral (MOE) citados en el análisis señalan que 170 municipios presentan riesgo coincidente por violencia y fraude electoral, mientras que 81 de ellos se encuentran en riesgo extremo, lo que representa un aumento del 65,31 % frente al ciclo electoral de 2022.
A estos factores se suman reportes de partidos políticos, veedores y monitoreo territorial sobre extorsiones a candidatos, prohibición del proselitismo, amenazas contra líderes sociales, retenes en vías estratégicas, ataques a la logística electoral y uso de drones para intimidar o bloquear la movilidad.
Frente a este panorama, las organizaciones señalaron que autoridades nacionales y organismos internacionales deberán examinar posibles vínculos entre actores políticos electos y estructuras criminales que operan en algunos territorios.
Indicaron que varias de estas organizaciones forman parte de redes de crimen organizado transnacional y, en ciertos casos, han sido catalogadas por el Gobierno de Estados Unidos como amenazas a su seguridad nacional.
En su análisis titulado ‘Riesgo de que redes criminales instrumentalicen elecciones para ganar poder en el Estado‘, el ICP sostuvo que la política de ‘paz total’, sin mecanismos eficaces de verificación de los ceses al fuego ni acciones para enfrentar a los grupos armados ilegales, habría permitido el fortalecimiento y la expansión territorial de varias estructuras.
Como parte de sus acciones de seguimiento, el ICP y la Fundación Colombia 2050 conformaron la Veeduría Ciudadana: Entorno Electoral 2026, integrada por 126 veedores y coordinadores territoriales en 42 municipios priorizados.
El mecanismo tiene como objetivo monitorear posibles riesgos de interferencia criminal en el proceso electoral mediante observación territorial y seguimiento de fuentes abiertas.
Las organizaciones indicaron que sus hallazgos serán presentados ante autoridades colombianas y actores internacionales comprometidos con la defensa de la democracia en el país.
Según indicaron, es necesario identificar territorios donde candidatos no pudieron realizar campaña o donde comunidades enfrentan restricciones para reunirse, participar en política o votar libremente.
Advirtieron que una jornada electoral aparentemente tranquila podría ocultar presiones ilegales sobre el voto. Por ello, señalaron la importancia de investigar situaciones como confinamientos, manuales de convivencia impuestos por estructuras criminales o aumentos atípicos en la inscripción de cédulas.
“Una elección aparentemente tranquila puede esconder una captura estructural del voto”, indicaron las organizaciones, al señalar que la defensa de la democracia implica garantizar que los ciudadanos puedan participar en política y ejercer su derecho al voto sin presiones ilegales.