Para la Fiscalía, se trataría de una red que ordenaba licitaciones públicas simuladas para aparentar pluralidad de oferentes; sin embargo, las adjudicaciones estaban direccionadas a empresas preseleccionadas mediante la exigencia de comisiones sobre los anticipos y la presentación de cuentas con sobrecostos.
Entre quienes integran esta red, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, estarían funcionarios y directivos de una caja de compensación en el departamento de Nariño que permitieron direccionar los contratos, entregar información relevante a los oferentes previamente seleccionados y darles los millonarios contratos.
“De acuerdo con la investigación, este grupo delincuencial estaría integrado por directivos, funcionarios y particulares. De esta manera, se habrían suscrito ocho contratos por $9.804.893.500, de los cuales se desembolsaron anticipos por $2.942.368.050, correspondientes al 30 % del valor contratado”, explicó la Fiscalía.
Los hechos materia de investigación le permitieron a la Fiscalía determinar la presunta responsabilidad de cuatro personas que fueron capturadas y presentadas ante una juez de control de garantías, donde se expusieron los elementos de prueba y los señalamientos para advertir que estarían comprometidas en este fraude.
“Se estableció que Vásquez Martínez, en su calidad de subdirectora de servicios de la caja de compensación, sería la encargada de direccionar la contratación. Por su parte, Salazar Quelal y Lagos Medicis habrían facilitado información a las empresas con las que previamente habían acordado la adjudicación sobre documentos específicos que debían proporcionar”, advirtió el ente acusador.
Los capturados fueron identificados como Olga Alicia Vásquez Martínez, subdirectora de servicios; Diana Marcela Salazar Quelal; Rosa Milena Lagos Medicis, y Edgar Alonso Insandará. Todos, con roles previamente definidos en la red criminal que, en criterio de la Fiscalía, firmó contratos por más de 9.000 millones de pesos.
Por disposición de una juez de control de garantías, a Vásquez Martínez le fue impuesta una medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que al resto de capturados se les concedió detención en su lugar de residencia.