Bastaba con pagar una jugosa cifra de dinero para que funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil torcieran su conciencia y falsificaran documentos para darles identidad y ciudadanía colombiana a cuestionadas personas de origen, en su mayoría, de Venezuela y República Dominicana.
Esta fue la red que desarticularon las autoridades en el municipio de Fundación, Magdalena. Según la Fiscalía, fueron capturados “la funcionaria Milena Sanjuanelo Castiblanco; a los exservidores Karen Liliana Mariño Rodríguez y Aníbal José Rojano Arévalo; y al guarda de seguridad, Luis Alberto Cantillo Vizcaíno, por su presunta participación en una red señalada de tramitar fraudulentamente documentos de identidad colombianos”.
Estas personas son señaladas de intervenir de manera irregular en 20 eventos delictivos en los que fueron gestionados registros civiles, tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía, a cambio de sumas que oscilaban entre 1.200 y 1.500 dólares.
“Para este propósito habrían ingresado información fraudulenta a los sistemas oficiales y autorizado novedades, entre otras irregularidades soportadas con formularios que contenían datos espurios y cartas de respaldo que, en algunos casos, correspondían a nacionales fallecidos”, explicaron desde la Fiscalía.
Los documentos expedidos les permitieron a los migrantes transitar con libertad por el país y obtener pasaportes para salir como si fueran ciudadanos colombianos hacia Estados Unidos, México y países de Europa.
La caída de estos funcionarios y exfuncionarios que tramitaban las ciudadanías colombianas falsas fue el resultado de una acción articulada entre las autoridades colombianas y estadounidenses.
En los operativos participaron hombres del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), de la Embajada de Estados Unidos en Colombia; el Ejército Nacional y Migración Colombia capturaron a los funcionarios y exfuncionarios en diligencias realizadas en Santa Marta y Fundación, Magdalena.
Entre tanto, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes agravado, cargos que no fueron aceptados.