Este viernes el congresista del Partido Comunes, Carlos Carreño, rindió indagatoria en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia sobre la investigación que avanza en su contra por el presunto acoso sexual y violencia de género, que habría ejercido contra una de sus escoltas del esquema de seguridad asignado por la UNP.
Pero antes de que se llevara a cabo dicha diligencia en la que fue notificado oficialmente de los delitos que se le investiga y presentara su defensa frente a este grave caso, la Corte Suprema de Justicia recibió una carta de un movimiento de defensores de derechos humanos que expresaron “preocupación” por el futuro judicial del exguerrillero de las Farc.
La carta de una página que llegó dirigida a la Corte Suprema de Justicia aparece firmada por Norma Elena Nolasco, quien se presenta como defensora internacional de derechos humanos y fundadora del Claustro Universal Doctoral por la Paz Amicus.
En el documento de una página, Nolasco señaló: “Expresamos nuestra profunda preocupación por la posibilidad de que la reincorporación política de los firmantes del acuerdo esté siendo afectada por formas de persecución judicial que, en diversos contextos de América Latina, han sido utilizadas como un arma para debilitar, desprestigiar y eliminar liderazgos políticos comprometidos con la transformación social”.
Lo curioso es que dicha advertencia llegó justo después de que la Sala de Instrucción de la Corte recopiló todas las pruebas que permitieron llevar a Carreño a indagatoria por el presunto acoso sexual y violencia de género que habría ejercido contra una de sus escoltas asignada por la UNP para su protección.
Sin embargo, la defensora de derechos humanos, Norma Elena Nolasco, le pidió a la Corte toda la “información oficial y detallada” sobre los procesos judiciales que avanzan contra Carlos Carreño, a quien identificó como “firmante del Acuerdo de Paz, negociador del mismo y actual representante a la Cámara por el Partido Comunes”.
Pues la defensora de derechos humanos expresó que “la paz no se construye solo con la firma de acuerdos, sino con garantías reales para el ejercicio político, la participación democrática y el respeto”. Así fue como terminó pidiéndole a la Corte Suprema de Justicia que actúe con “imparcialidad, transparencia y en estricto apego al debido proceso”.
Lo cierto es que una mujer que hacía parte de su esquema de seguridad terminó denunciando al exguerrillero de las Farc por el presunto acoso sexual que habría ejercido en su contra en febrero de 2027. La Corte ya tendría la evidencia suficiente que terminó llamándolo a indagatoria.