El exrepresentante a la Cámara, Germán Alonso Olano Becerra, del Partido Liberal y quien actualmente vive en Miami, Florida (Estados Unidos), fue condenado a tres años de cárcel por su participación en el escándalo de corrupción conocido como el carrusel de la contratación en Bogotá.
Con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, integrante de la Sala de Primera Instancia, la Corte Suprema de Justicia halló “penalmente responsable” al excongresista por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Además de la condena en la cárcel, los magistrados del alto tribunal negaron la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria y ordenaron “librar inmediatamente la orden de captura” para que cumpla el pendiente que tiene con la justicia colombiana.
Sin embargo, como Olano Becerra vive actualmente fuera del país, la Corte también incluyó dentro del fallo una notificación roja de la Interpol, para que las fuerzas del orden de 196 países puedan localizarlo y detenerlo provisionalmente hasta que quede en poder de las autoridades en Colombia.
La sentencia también le ordenó al entonces representante a la Cámara liberal que pague la suma de 3.436 millones de pesos, para que responda por los “daños materiales” que causaron sus acciones frente a esa obra clave para la movilidad y el desarrollo de la capital.
Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia también compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a Miguel Eduardo Nule Velilla, uno de los principales contratistas detrás de este escándalo, por supuestamente entregar un falso testimonio dentro del proceso.
¿Cuál fue la participación de Germán Olano?
La Corte relató en la sentencia de noventa y nueve páginas que la participación de Olano en este escándalo de corrupción se dio cuando se firmaron varios contratos irregulares en diferentes entidades del Distrito, entre ellas el IDU, para llevar a cabo en el segundo semestre de 2007 la licitación para construir la fase III de Transmilenio para la Calle 26.
En ese caso se presentaron dos proponentes; uno fue rechazado por exceder los límites del presupuesto del proyecto, y la otra empresa, controlada por el denominado Grupo Nule, habría advertido la posibilidad de que se declarara desierta la licitación por falta de requisitos.
Así fue como en el radar apareció el congresista del Partido Liberal, Germán Alonso Olano Becerra, quien fue ubicado por el contratista Miguel Eduardo Nule Velilla, para supuestamente aprovechar su cercanía con el contratista Héctor Gómez, persona que influía en el IDU, especialmente en Liliana Pardo, para salvar la licitación y sacar adelante el contrato.
El documento precisó que Nule Velilla habría acordado con el representante Olano y con el empresario Héctor Julio Gómez la entrega de 3.500 millones de pesos, al parecer, para sacar adelante ese negocio ilícito. Casi 20 años después de ese episodio, la Corte consiguió condenar a una de las piezas clave detrás de este escándalo.