Este martes 14 de abril, después de varios intentos, la Fiscalía General presentó su teoría del caso en el proceso que cursa contra el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo, por su presunta participación en el escándalo conocido como el cartel de la toga.
El exmandatario departamental, quien se encuentra privado de la libertad cumpliendo una condena de 21 años de prisión, fue señalado de haber ofrecido una millonaria suma de dinero para que el proceso conocido como bibliotecas, que cursaba en su contra en la Corte Suprema, se archivara.
Para esto, contactó al fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Bettín Sierra, quien adelantaba las investigaciones relacionadas con las irregularidades en la celebración de un contrato de 1.076 millones de pesos, firmado en 2010 por la Gobernación del Valle del Cauca con la Fundación Calimio, para la dotación de 40 bibliotecas escolares en el departamento.
El exfiscal, quien aceptó cargos por su participación en este caso de corrupción, será el testigo clave de la Fiscalía General para hablar de las pretensiones del exmandatario departamental de entorpecer la administración de justicia mediante el pago de 400 millones de pesos en sobornos.
En este proceso aparece el nombre del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, quien fundó una oficina de abogados en Bogotá con el fin de realizar asesorías a aforados constitucionales. Hasta ese lugar fue el exgobernador del Valle del Cauca con el fin de lograr que se movieran todas las fichas y así conseguir que se archivara su indagación y, de paso, se tumbara la orden de captura que se iba a emitir en su contra de manera inminente.
Igualmente, en la etapa de juicio se tendrá en cuenta la declaración del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera, quien revelará la forma en cómo funcionó la “organización criminal” liderada por el exmagistrado Ricaurte, quien tenía mucho poder e influencia en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
“La prueba vertida en este juicio, su señoría, lo podrá llevar a su convencimiento más allá de toda duda razonable, no solo frente a la existencia del delito de cohecho por dar u ofrecer (…), sino además la responsabilidad en la conducta punible de Juan Carlos Abadía por los hechos por los que fue acusado, teniendo en cuenta un agravante por su posición dentro de la sociedad al ser gobernador del Valle del Cauca”, señaló el fiscal ante el juez de conocimiento.
Por esto, el delegado del ente investigador anunció que en los alegatos de conclusión pedirá que se emita un fallo condenatorio contra el exgobernador del Valle del Cauca.
El exgobernador del Valle del Cauca, por medio de su defensa, manifestó que nunca entregó dinero para que se archivara la investigación que cursaba en su contra al interior de la Corte Suprema de Justicia.