La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia remitió a la Sala de Primera Instancia el escrito de acusación contra el ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno Petro, Álvaro Leyva, por el delito de prevaricato por acción en concurso, presuntamente cometido en sus gestiones para implementar el nuevo modelo de pasaportes en Colombia.
SEMANA conoció que el caso ya llegó por reparto al despacho de la magistrada Blanca Nélida Barreto, quien decidió fijar la audiencia de formulación de acusación para este jueves 23 de abril a las 3 de la tarde.
Y es que el entonces ministro de Relaciones Exteriores terminó destituido e inhabilitado por 10 años para ocupar cargos públicos, por decisión de la Procuraduría, al determinar que desconoció los principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes.
Aunque esa decisión se tomó bajo la administración de la exprocuradora general, Margarita Cabello, con la llegada de Gregorio Eljach a la cabeza de la entidad, se ratificó la medida en contra del excanciller por la falta de fundamento legal y la finalidad de salvaguardar la selección objetiva de ese negocio, unos parámetros que estaba obligado a cumplir.
Pero ahora, además de la decisión impuesta por la justicia disciplinaria, la penal lo acusará por el delito de prevaricato por acción, el cual, según el Código Penal, se configura cuando un servidor público expide una resolución, dictamen o concepto abiertamente contrario a la ley.
El canciller Álvaro Leyva no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía en su momento por los hechos que rodearon la cancelación del proceso de licitación para cambiar el modelo de pasaportes, a pesar de que la Fiscalía argumentó que, sin sustento o justificación alguna, ordenó declarar desierto el proceso de licitación, lo que habría provocado graves afectaciones.
La fiscal del caso aseguró que el exministro de Relaciones Exteriores “actuó de manera caprichosa, tozuda y arbitraria”, teniendo en cuenta que no existieron razones para que tomara decisiones de esa magnitud en medio del proceso de licitación.
Esta decisión de la justicia se conoce días después de que el presidente Gustavo Petro asegurara haber tenido acceso a informes de inteligencia que dejaron evidencias de una supuesta reunión entre los hermanos Bautista, presuntos propietarios de Thomas Greg, firma que manejaba ese servicio, con el candidato Abelardo de la Espriella para intercambiar “la devolución del contrato de pasaportes en sus manos”.
La Procuraduría General demandó el convenio que puso en marcha el nuevo modelo de pasaportes ante el Tribunal de Cundinamarca y pidió su suspensión, argumentando que existieron conductas que vulneraron o amenazaron derechos colectivos, así como la necesidad de identificar a los responsables y establecer el vínculo jurídico de responsabilidad.