Los nueve magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional se preparan para tomar una decisión trascendental que cambiará el funcionamiento de la Asistencia Médica al Suicidio (AMS) en Colombia, un procedimiento que fue despenalizado por la propia corporación en mayo de 2022.
Pero con la legalización de esa práctica han aparecido casos como el de Catalina Giraldo, la psicóloga de 30 años que tuvo que radicar una tutela contra la EPS Sanitas, después de que le negaron ese tratamiento por falta de reglamentación y “afirmaron que no tengo una enfermedad grave”, dijo la mujer en su momento.
Sin embargo, su tutela acaba de ser seleccionada por la Corte Constitucional que ahora tendrá la dispendiosa tarea de estudiar a partir del caso de Giraldo, si Colombia debe contar con una reglamentación dentro del Sistema de Salud y si el Congreso deberá priorizar el debate de un proyecto de ley sobre muerte digna.
Desde el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB), quienes han acompañado a Catalina Botero en este proceso, celebraron que la Corte seleccionó este caso y expresaron que se deberá decidir con “urgencia”, pues sin una respuesta de fondo se “prolonga el limbo institucional” en el que estaría para ejercer su derecho a acceder a una muerte digna.
La magistrada Paola Meneses Mosquera, presidenta de la Corte Constitucional, será la ponente de este caso y deberá presentar un proyecto de fallo que empiece a marcar la ruta sobre el acceso efectivo a la Asistencia Médica al Suicidio en el país.
El Laboratorio de Derechos Económicos destacó que ese expediente podría marcar un momento decisivo en Colombia, pues desde que se despenalizó el suicidio médicamente asistido, la Corte ahora podrá pronunciarse sobre las “barreras que hoy impiden el acceso efectivo” a ese tipo de procedimientos.
“La selección del caso es un paso fundamental, pero no es suficiente. Catalina necesita una respuesta de fondo urgente. Cuando una persona sigue atrapada en un bloqueo institucional, un fallo tardío puede terminar llevándola a una muerte traumática, en lugar de la muerte segura, acompañada y protegida que desea”, señaló Lucas Correa, Director de Investigaciones de DescLAB.
El caso de Catalina Giraldo
La mujer de 30 años tiene una condición psiquiátrica grave, crónica e incurable que ha intentado enfrentar por más de una década en el Sistema de Salud con múltiples tratamientos que no le han dejado una mejoría sostenida en su calidad de vida.
La EPS Sanitas negó el acceso al procedimiento argumentando que no existe una reglamentación del Ministerio de Salud y la cartera liderada en la actualidad por Guillermo Alfonso Jaramillo, respondió que no ha recibido orden expresa para que entre a regular ese tipo de tratamientos médicos.
La Corte ahora deberá definir si el suicidio asistido en Colombia tendría que ser reglamentado, si es necesario que el Congreso cree una ley sobre esa práctica y resolver la situación que tiene a Catalina Giraldo sin una ruta efectiva para ejercer su derecho a morir dignamente.