Este miércoles, tres de las cuatro supuestas víctimas de acoso sexual del reconocido presentador Jorge Alfredo Vargas emitieron un comunicado a la opinión pública a través de la firma BES Lawyer’s Office.
Esto dice el comunicado:
“En calidad de periodistas, y en contra de nuestra voluntad, nos encontramos vinculadas como presuntas víctimas dos, tres y cuatro, frente al Proceso Penal que se adelanta contra el señor Jorge Alfredo Vargas, y en donde en las últimas horas se le imputaron cargos por el delito de acoso sexual, nos dirigimos a la opinión pública para manifestar lo siguiente: no se puede renunciar a un caso en el que no hemos pedido estar. Desde el primer momento hemos sido claras, tanto ante Caracol Televisión S. A. como ante la propia Fiscalía, que no es nuestro interés denunciar penalmente al señor Vargas.
Consideramos que, tras las denuncias internas, la compañía ya tomó las decisiones que, a nuestro sentir, nos dieron verdad, justicia, seguridad y garantías de no repetición. Una vez culminado este proceso interno, la Fiscalía nos ha contactado e insistido en llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp para hacer parte de un proceso legal. Pese a nuestra negativa, conocimos que delitos como el acoso sexual en concurso homogéneo y sucesivo deben ser investigados de oficio por la Fiscalía General de la Nación.
Aunque respetamos que el ente investigador actúe en cumplimiento de su deber constitucional y legal, hemos manifestado en repetidas ocasiones nuestra intención de no constituirnos por ahora como víctimas a través de un apoderado dentro del proceso que inició la Fiscalía, que ha insistido en nuestra participación; razón por la cual hoy nos vemos obligadas a aclarar públicamente una situación que nunca buscamos protagonizar porque constituye para nosotras una revictimización.
Nuestra decisión ha sido conocida por las autoridades desde el inicio y responde exclusivamente a la necesidad de proteger nuestra intimidad, nuestra salud mental y nuestro proyecto de vida. No obedece a un cambio de versión, ni a una retractación, ni tampoco desvirtúa que los hechos abusivos y denigrantes contra nuestra libertad sexual ocurrieron. Prueba de ello es la terminación de mutuo acuerdo del contrato laboral del hoy imputado con Caracol Televisión.
No queremos ser objeto de estigmatización y creemos que el manejo que la Fiscalía le ha dado a este caso ya nos está exponiendo a escenarios de acoso judicial y mediático. Hoy, nuestra salud mental y emocional dependen de que podamos superar esta agresión y no repetir los hechos que ya son de conocimiento de las autoridades. Recordemos que en la inspección que el Ministerio del Trabajo hizo en las instalaciones del Canal Caracol, exigió que le entregaran dichas denuncias, pese a la insistencia del área de Gestión Humana de mantener la reserva de las víctimas.
Aun así, obtuvieron dichos documentos y luego la Fiscalía, mediante orden judicial, obtuvo copia de eso. La Ley 906 de 2004, que establece en su artículo 11 los derechos de las víctimas, destaca el derecho a recibir un trato humano y digno, y que se proteja nuestra intimidad y seguridad. Invocamos esta normatividad para recordar que el ejercicio de nuestra libertad y autonomía no debe ser cuestionado por el sistema judicial, ni por la sociedad.
Antes que ser mujeres o periodistas, somos seres humanos, tenemos familia, una historia, un nombre, una trayectoria profesional y una vida que debe continuar, y hemos hecho un esfuerzo enorme para que así sea. No hemos renunciado a la verdad, no hemos negado los hechos, no hemos solicitado que la investigación se detenga y no pretendemos obstaculizar el trabajo de la administración de justicia.
Lo único que hemos pedido es que no nos obliguen a constituirnos como víctimas procesales y lo hacemos conforme al derecho que tenemos a decidir cómo afrontar una situación profundamente difícil. Pedimos que se respete nuestra decisión de no participar activamente en el proceso penal y no ser revictimizadas.
Lo hemos reiterado muchas veces a quienes corresponden y hoy lo manifestamos públicamente. Pedimos a la Judicatura, a la sociedad y a los medios de comunicación respeto por nuestra identidad, dignidad y voluntad”.