Cuatro magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidieron poner en conocimiento de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y de la Procuraduría General de la Nación una serie de hechos que fueron denunciados por la defensa de la senadora Martha Peralta y que están relacionados con la actuación de la magistrada Cristina Lombana dentro del proceso contra la congresista.
La decisión quedó consignada en una comunicación firmada por los magistrados Francisco Javier Farfán Molina, Marco Antonio Rueda Soto, César Augusto Reyes Medina y Misael Fernando Rodríguez Castellanos.
El pasado 7 de julio, el abogado de Peralta, Marlon Fernando Díaz Ortega, presentó ante la Corte un documento en el que cuestionó algunas de las actuaciones realizadas durante el proceso.
Según la defensa, esas decisiones pudieron afectar el derecho de la senadora a defenderse adecuadamente y algunas de las garantías que debe tener cualquier persona sometida a una investigación judicial, como el debido proceso.
La defensa también cuestionó la manera en que se habrían utilizado algunas facultades que tiene la magistrada para ordenar medidas dentro del proceso y hacer cumplir sus decisiones. En términos sencillos, se cuestionó si esas herramientas fueron utilizadas de manera correcta y dentro de los límites que establece la ley.
Los cuatro magistrados consideraron que los señalamientos eran de tal magnitud que debían ser conocidos por otras autoridades. Por eso enviaron la información a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría.
La primera tendrá que determinar si hay razones para investigar una eventual conducta relacionada con el ejercicio del cargo de la magistrada. La Procuraduría, por su parte, deberá establecer si existe alguna posible falta disciplinaria.
Esto no quiere decir que la Corte haya declarado culpable a Lombana ni que las irregularidades estén comprobadas. Lo que hicieron los magistrados fue considerar que los hechos denunciados deben ser revisados por las autoridades que tienen competencia para hacerlo.
El caso tiene además un contexto político y judicial que no es menor. Martha Peralta está siendo investigada por la Corte por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
La investigación contra la senadora está relacionada con los delitos de Concierto para delinquir agravado, cohecho impropio, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Es dentro de ese proceso donde la defensa de Peralta formuló los cuestionamientos que ahora salen del expediente y llegan a la Comisión de Acusación y a la Procuraduría.
Lombana ya respondió públicamente. La magistrada negó que hubiera cometido alguna irregularidad, aseguró que su actuación fue avalada por jueces constitucionales y sostuvo que todas sus decisiones se ajustaron a la ley.
Ahora serán las autoridades competentes las que deberán establecer si los señalamientos tienen fundamento y si existe mérito para abrir una investigación formal.