La pequeña Valeria Afanador estaba en una jornada de rutina en su colegio, en el municipio de Cajicá. En agosto de 2025 desapareció y su cuerpo lo encontraron en las inmediaciones del plantel, 18 días después. Las víctimas pidieron a la Fiscalía imputar cargos a la rectora del colegio y dos profesores por posibles omisiones. La rectora respondió.

A través de su defensa, la rectora del colegio aseguró que la solicitud de imputación es improcedente, por cuanto está probado que en el colegio, las directivas, profesores y personal de apoyo, estuvieron atentos a los requerimientos y exigencias que requieren los niños en el colegio.

El abogado Francisco Bernate, abogado de la rectora, aseguró que jurídicamente no procede la solicitud de imputación de cargos, por cuanto ha quedado probado que el colegio tomó todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los niños; incluso autoridades municipales hicieron constantes visitas para vigilar lo que se estaba haciendo en la institución.

“Respetamos esta posición que corresponde al rol de los apoderados de víctimas, pero en primer lugar, jurídicamente no es procedente, por cuanto las autoridades tienen conocimiento de que el colegio es permanentemente visitado, custodiado, vigilado por todas las autoridades, quienes días antes del suceso, lo habían visitado y encontraron que el colegio cumple con todas las normativas de seguridad”, dijo el abogado Bernate.

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Insiste la defensa de la rectora, que en la institución permanecen profesionales competentes para el cuidado de los niños y que, si bien los hechos son lamentables, las directivas se han preocupado por tener a disposición los profesores Y el personal de seguridad necesario que garantice la tranquilidad de los niños .

“En el marco de esta activa cooperación del colegio, se ha establecido que al interior hay roles establecidos para el cuidado y supervisión de los menores, con personas capacitadas y competentes, tanto al momento de la merienda como en el lugar de recreo. De manera que la rectora había delegado en personas competentes el cuidado de los niños… Por tanto, es comprensible una solicitud en este sentido, pero de forma alguna es procedente”, dijo la defensa de la rectora.

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Las víctimas insistieron en la imputación de cargos tras advertir de presuntas omisiones que derivaron en el fatal desenlace. Aseguran que la rectora y los profesores tenían una posición de garantes y por tanto, un grado de responsabilidad superior con el cuidado de la niña, lo que no se cumplió y que motiva ahora esta solicitud.