La Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca tomó la primera decisión contra el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles por lo ocurrido con Valeria Afanador, la niña que murió tras ahogarse en el río Frío, en el municipio de Cajicá.
Según informó Noticias RCN, se trata de la primera sanción administrativa que hay contra este sitio por el mencionado caso. La entidad determinó la suspensión provisional de las actividades en la zona que está próxima al río en el que fue encontrado el cuerpo de la pequeña tras 18 días desaparecida.
Al parecer, el colegio no habría cumplido con dos requisitos esenciales para la seguridad de los menores de edad: la distancia entre el río y la institución y unas modificaciones que se habrían hecho sin previa autorización.
Es importante precisar que se trata de una medida cautelar que tendrá que ser estudiada de fondo, pero con la que se busca prevenir que se presenten situaciones parecidas a la ocurrida con la niña de 10 años.
“Es imperioso imponer al Gimnasio Los Laureles medida preventiva consistente en suspensión inmediata de actividades desarrolladas en el área de ronda de la fuente hídrica”, señala un documento conocido por el medio mencionado.
Esto se suma al anuncio hecho por el abogado Julián Quintana, que representa a la familia de la pequeña, quien confirmó que solicitarán que sean imputados la rectora del colegio y dos profesores que tenían que estar pendientes de Valeria.
#ATENCIÓN | La CAR Cundinamarca sanciona de manera preventiva al colegio de la niña Valeria Afanador, quien falleció tras cruzar la barrera entre la institución y el río Frío en Cajicá. pic.twitter.com/VBoSSsm3Xs
— Noticias RCN (@NoticiasRCN) January 22, 2026
A juicio del jurista, estas personas tendrían un grado de responsabilidad en los hechos por el delito de homicidio agravado.
“En particular, se evidencia que Sonia Ochoa, en su condición de rectora y máxima autoridad institucional, omitió garantizar un sistema efectivo de custodia, vigilancia y control, tolerando fallas estructurales en los protocolos de protección de los estudiantes, falencias que eran de su total conocimiento”, dijo Quintana.
De esta forma, las víctimas sostienen que hay una clara responsabilidad entre los funcionarios de la institución por lo que pasó con la víctima.
Ante el anuncio, el abogado Francisco Bernate, quien representa al colegio, aseguró que esto no es jurídicamente procedente debido a que el sitio cumple con toda la “normativa en materia de seguridad”.
Por el momento, no hay ningún pronunciamiento por parte del centro educativo sobre la sanción que impuso la CAR.
