Valeria Afanador fue reportada como desaparecida en agosto de 2025, pero su cuerpo fue encontrado días después en inmediaciones del colegio donde estudiaba. Su familia insistió en la hipótesis de un homicidio y por eso, tras cuatro meses del hallazgo, la representación de víctimas hizo una solicitud de imputación de cargos.
La solicitud incluye a la rectora del colegio y dos profesores que, en criterio de la defensa de víctimas, en cabeza del abogado Julián Quintana, tendrían un grado de responsabilidad en los hechos por el delito de homicidio agravado. Son varios los elementos de prueba, según el abogado, que apuntan a la responsabilidad.
Las víctimas del caso de Valeria Afanador, la niña hallada muerta en Cajicá tras 18 días desaparecida, solicitaron la imputación de cargos contra la rectora y dos profesores del colegio. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/wAtrot8bNS
— Revista Semana (@RevistaSemana) January 21, 2026
“En particular, se evidencia que Sonia Ochoa, en su condición de rectora y máxima autoridad institucional, omitió garantizar un sistema efectivo de custodia, vigilancia y control, tolerando fallas estructurales en los protocolos de protección de los estudiantes, falencias que eran de su total conocimiento”, señala la solicitud de imputación que hizo la defensa de víctimas.
La imputación, dijo el abogado Quintana, debe incluir a dos profesores que, según su interpretación, tenían el deber de custodia de la menor y, tras varias advertencias o hechos particulares, omitieron su obligación, facilitando el fatal desenlace, como efectivamente ocurrió.
“De igual forma, Emely Viviana Fuentes Hernández, como docente, incumplió sus deberes funcionales de vigilancia y control respecto de la menor, permitiendo su salida del aula sin activar oportunamente los mecanismos de protección exigibles. Finalmente, Diego Orlando Pinzón Perilla, también docente, advirtió una situación anómala —la presencia de la menor fuera de su salón en horario no autorizado—”, advierte el documento.
Para las víctimas, es evidente la responsabilidad que tienen quienes estaban a cargo del cuidado de la niña y que en este caso, de acuerdo con los elementos de prueba, se omitieron a pesar de la garantía que estaba en su poder.
“En los tres casos, el material probatorio existente permite afirmar razonablemente que tenían el deber jurídico de actuar, debían hacerlo y no lo hicieron, elevando y manteniendo un riesgo no permitido que se concretó en el resultado fatal”, explica la solicitud de imputación que hicieron las víctimas en este caso.
Dijo el abogado Quintana que la rectora y los profesores tenían una posición de garantes y fue justamente lo que incumplieron, facilitando el crimen en contra de la menor, de acuerdo con su hipótesis de un homicidio. “La tesis es sencilla y estricta en su juridicidad: quien asume la protección de un bien jurídico o la administración de una fuente de riesgo —en especial cuando de niños se trata—”.