El caso de Valeria Afanador, la menor de edad con síndrome de Down que falleció tras desaparecer del Gimnasio Campestre Los Laureles en Cajicá, Cundinamarca, en agosto de 2025, registra novedades en el frente judicial. El expediente mantiene la atención pública debido a las implicaciones legales para la comunidad educativa.
El abogado defensor de la institución, Francisco Bernate, expuso los detalles sobre el estado del proceso en una entrevista con medios digitales. Durante su intervención, el penalista confirmó que la investigación penal ingresará a una nueva fase operativa con la asignación de responsabilidades individuales.
La Fiscalía General de la Nación, a través de su seccional en Zipaquirá, radicó formalmente el pasado 2 de junio la solicitud para la diligencia de imputación de cargos. La medida judicial cobija directamente a una docente del plantel y al exdirector de infraestructura de la institución educativa.
Pretensiones económicas y distanciamiento de acuerdos
Las proyecciones del equipo de defensa jurídica indican que las audiencias de formulación de cargos se desarrollarán entre los meses de julio y agosto del presente año. Este paso procesal definirá los delitos específicos por los cuales los dos trabajadores serán procesados.
En el ámbito civil, el abogado Bernate reveló que las opciones de un arreglo económico directo entre las partes quedaron suspendidas. En la última mesa de conciliación obligatoria, la representación legal de la familia Afanador fijó sus requerimientos de reparación en 10.698 millones de pesos.
El abogado penalista Francisco Bernate argumentó: “El monto solicitado por la parte civil aleja la viabilidad de un acuerdo extrajudicial, lo que delega de forma definitiva en un juez de la República la tarea de tasar la existencia de una responsabilidad civil o económica”.
Postura institucional ante denuncias de irregularidades
La defensa del centro educativo también salió al paso a los cuestionamientos formulados por los familiares de la menor de edad sobre el manejo del caso. Bernate negó de manera enfática la existencia de pagos irregulares a funcionarios públicos o portales de información para desviar las indagaciones.
Respecto a las declaraciones del padre de la menor, Manuel Afanador, sobre presuntos nexos familiares entre la defensa y la rectoría, el apoderado aclaró que no posee vínculos de consanguinidad con la directora, Zora Ochoa, y desvirtuó los señalamientos de un conflicto de intereses en el proceso.
El equipo jurídico del colegio hizo un llamado para que los debates y reclamos de los ciudadanos se canalicen mediante los conductos institucionales y los tribunales. La defensa argumentó que los plantones públicos y los señalamientos en redes sociales no reemplazan el dictamen de los jueces.
Situación operativa del establecimiento educativo
A pesar del desarrollo de las controversias y las inspecciones de la Fiscalía, las directivas del plantel confirmaron que las actividades académicas continúan con normalidad. La operación del colegio sigue su curso bajo los parámetros normativos de las autoridades departamentales.
La Secretaría de Educación y la Gobernación de Cundinamarca mantienen el seguimiento sobre las licencias de funcionamiento de la planta física. El Gimnasio Campestre Los Laureles ratificó su disposición para entregar los informes requeridos por los peritos judiciales que coordinan la inspección del terreno.