A finales de 2025 fue anunciada la aprobación del Conpes 4159 de 2025, a través del cual se declaró el proyecto Estudios, Diseños y Construcción de dos Plantas Desalinizadoras para Santa Marta como una obra de importancia estratégica. Quiere decir que la inversión que se hará en esa obra es clave para el desarrollo socioeconómico de una zona en particular.
Con dicha declaratoria se pueden comprometer presupuestos futuros, además de coordinar con distintas ejecuciones lo necesario para la ejecución.
El equipo de empalme del Gobierno electo de Abelardo De La Espiriella, bajo la coordinación de Germán Calderón, quien fue designado para ocupar el cargo de director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, anunció que ha pedido la intervención de la Procuraduría General para que de manera preventiva ponga la lupa al millonario contrato celebrado para la construcción y puesta en funcionamiento de una solución de agua potable en Santa Marta, que se hará a través de desalinización.
El proceso contractual compromete recursos por $ 786.000 millones, pero la solicitud de revisión por parte de la entidad del Ministerio Público se debe más a que, según el equipo de empalme, “se advierten posibles riesgos relacionados con la planeación, el respaldo presupuestal, la estructuración de los requisitos técnicos y financieros, la libre concurrencia y la transparencia del proceso".
En el documento con la petición de intervención, el equipo de empalme de Abelardo De La Espriella también pide verificar la modificación del proyecto inicialmente concebido para dos plantas desalinizadoras y la trazabilidad de los documentos publicados durante los últimos días del Gobierno saliente.
Como sustentación de la solicitud de revisión del contrato, además de los hechos señalados, el Gobierno entrante pone de presente que prometieron “defender cada peso destinado a garantizar el acceso al agua”.
Por ello, enfatizan en que “las grandes obras responderán a las necesidades de las comunidades y no a los afanes políticos de quienes están próximos a abandonar el poder".
La plata involucrada en este contrato es para la compra del terreno, la instalación y operación de las plantas desalinizadoras, según se dijo en su momento.
En el caso del suelo, la Sociedad de Activos Especiales destina el predio Pozos Colorados, al sur de la ciudad, a favor de la Empresa de Servicios públicos del Distrito de Santa Marta – ESSMAR E.S.P, para construir una planta con capacidad de producción de 51.840 m3/día 600 l/s). La segunda planta, que estará ubicada en Taganga, tendrá una capacidad de 2.000 m3/día (23 l/s), según señaló para entonces el Ministerio de Vivienda.