Este martes 26 de octubre, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que hizo un fuerte llamado al Gobierno nacional y a la Gobernación del Cauca con el fin de que tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la misión médica en el municipio de Suárez, donde hombres armados asesinaron a un paciente dentro del hospital.
“Instamos al Gobierno nacional y a la Gobernación del Cauca a adoptar medidas inmediatas para proteger al personal sanitario, restablecer plenamente la capacidad operativa del hospital y garantizar la continuidad de los servicios de salud en Suárez y sus zonas rurales”, exigió la Defensoría.
De acuerdo con la información que se ha conocido, los hechos ocurrieron en la mañana del lunes 26 de octubre, cuando hombres armados presuntamente interceptaron una ambulancia en la salida norte de Suárez y posteriormente ingresaron al centro asistencial, donde habría sido asesinada una persona que se encontraba bajo atención médica.
“El homicidio reportado en un lugar destinado a preservar la vida reviste especial gravedad. Según la información recibida, las agresiones y el temor entre el personal médico y asistencial han limitado severamente la capacidad de respuesta del hospital y reducido significativamente la prestación de servicios de salud para los habitantes de Suárez y sus zonas rurales”, alertó el Ministerio Público.
Desde la Defensoría del Pueblo dieron a conocer que en varias oportunidades han alertado lo que sucede en el municipio de Suárez, en Cauca, con la presencia de grupos armados ilegales.
“Hemos advertido reiteradamente sobre el deterioro de la seguridad y la situación humanitaria en Suárez. Mediante la Alerta Temprana 018 de 2025 y posteriores comunicaciones a las autoridades competentes, señalamos la persistencia de riesgos asociados al conflicto armado y sus impactos sobre la población civil y la atención médica”, sostuvo.
Asimismo, sostuvieron: “Ninguna circunstancia asociada a las hostilidades justifica ataques, amenazas o intimidaciones contra quienes prestan o reciben atención médica. Estas obligaciones no son discrecionales: su cumplimiento es imperativo, incluso en medio del conflicto armado”.
En su pronunciamiento, la entidad exigió que los grupos armados se abstengan de interferir en la prestación de los servicios de salud y respeten la vida e integridad de quienes necesitan atención médica.
“Exigimos a los grupos armados respetar el DIH, abstenerse de ejercer violencia, amenazas o intimidaciones contra la misión médica y no interferir con la prestación de servicios de salud. La población civil debe permanecer al margen de las hostilidades. La guerra no puede decidir quién vive, quién recibe atención médica o quién accede a la protección del Estado”, sentenció.