Gran revuelo generó la comunicación que le envió la defensora del Pueblo, Iris Marín, a varios congresistas que han cuestionado el papel de la JEP. Uno de ellos fue el senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, desde donde reclamaron por esos hechos.
El director de la colectividad, Enrique Gómez Martínez, le respondió a Marín y calificó la solicitud como “abusiva”. “La Defensoría del Pueblo no es para causas personales ni amiguismos, por más cercanos que sean con la doctora magistrada Lemaitre Ripoll. No mal informe al pueblo colombiano”, pidió Gómez.
El senador dijo que, gracias a la gestión de estos senadores, el país ha visto las declaraciones de la magistrada en medio de las audiencias contra Rodrigo Londoño, Timochenko, y otros miembros de las Farc.
Gómez señaló que se trataría de una “victimización” que sería utilizada para “esconder” la “impunidad” de la JEP y el “malgasto de los recursos públicos” que han denunciado los congresistas.
“El senador Germán Rodríguez no va a ser intimidado ni puede ser intimidado por una entidad pública que se mete en causa propia a restringir el derecho y la capacidad de hacer política de nuestros congresistas. Respaldo total a Germán Rodríguez”, aseguró Gómez.
La solicitud de rectificación de la defensora generó un revuelo político. Otro caso fue el de la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, quien también recibió la comunicación de la defensora y confirmó que no se retractará por revelar las audiencias reservadas de la JEP.
“Recibí solicitud de rectificación por parte de Iris Marín, defensora del Pueblo y exmagistrada auxiliar de la JEP, por publicar los videos de las audiencias reservadas de Timochenko. No me retractaré ni detendré mis denuncias sobre las presuntas irregularidades en la JEP”, dijo la senadora.
Incluso, fue más allá y dijo que se trataría de “un ataque organizado entre la JEP y la Defensoría del Pueblo”, lo cual, según ella, la pondría en riesgo y podría afectar su seguridad.
Posada le reclamó a Marín por qué no ha cuestionado las denuncias que se han hecho en contra de la JEP. “No ha reprochado que las Farc dejaron de entregar el 81,8 % de los inmuebles y el 96,5 % de los muebles que se comprometieron a dar para reparar a las víctimas, ni se ha pronunciado sobre la tercerización que realizaron con el PNUD para ejecutar 201.467 millones de pesos con total opacidad”, señaló.