La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por el riesgo de escalamiento de la violencia en dos municipios del departamento de Nariño, debido a la presencia de grupos armados ilegales y a las disputas por el control territorial y las economías ilícitas, hechos que estarían afectando a la población civil.
Se trata de los municipios de Ricaurte y Mallama, donde se busca prevenir violaciones de los derechos humanos. De acuerdo con la entidad, el escenario de riesgo está relacionado con la coexistencia armada que mantienen desde 2024 el grupo Comuneros del Sur, separado del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Frente Iván Ríos, perteneciente a la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).
Este acuerdo les habría permitido distribuirse el territorio, controlar corredores transfronterizos hacia Ecuador y obtener recursos de actividades como el narcotráfico y la minería ilegal. Sin embargo, la terminación de la mesa de diálogos con la CNEB, en agosto de 2026, aumentaría el riesgo de que se presenten enfrentamientos.
La alerta también advierte sobre la participación de estructuras criminales que cumplirían funciones para las organizaciones armadas, entre ellas las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN), la Nueva Urías Rondón Frente 37 y bandas delincuenciales locales conocidas como Los Zabaleteros, Los Marihuanos y Los Flacos.
Según la Defensoría, estas estructuras estarían involucradas en actividades como el sicariato, el cobro de extorsiones y las labores de vigilancia, lo que facilita el control social impuesto sobre la población.
Las comunidades indígenas Awá y Los Pastos, así como la población campesina, los liderazgos sociales y los firmantes del acuerdo de paz, se encuentran entre los grupos expuestos a estas dinámicas. La advertencia también incluye a comerciantes, transportadores y misiones médicas.
Uno de los riesgos que más preocupa a la entidad es el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, quienes permanecen expuestos a la influencia y las acciones de los grupos armados ilegales.
La Defensoría señaló que la situación de seguridad en Mallama se ha deteriorado. Según el reporte, la tasa de homicidios en ese municipio llegó a 67,37 por cada 100.000 habitantes en 2026.
Entre los hechos violentos mencionados por la entidad se encuentra la masacre de tres familiares en el resguardo Edén Cartagena, en Ricaurte, en febrero de este año. Entre las víctimas había una mujer que se encontraba en el último mes de gestación. También fue reportado el asesinato de tres jóvenes en la vereda Chucunés, en Mallama.
A estos casos se suman los homicidios de líderes sociales y de un firmante de paz. La entidad recordó los asesinatos de Aurelio Araujo, líder de Camawari, y sus escoltas, ocurridos en junio de 2025; de Moisés Marcos López, de Aico, en septiembre de 2023, y de Yonnis Orfilio García, firmante de paz, en junio de 2023.
Ante este panorama, la entidad formuló 29 recomendaciones dirigidas a las instituciones del Estado para prevenir nuevas afectaciones y fortalecer la protección de las comunidades.
Las medidas planteadas buscan reducir los factores de amenaza, atender las vulnerabilidades de la población, prevenir violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y reforzar las capacidades institucionales y comunitarias.