Los grupos armados ilegales y las bandas criminales siguen siendo el dolor de cabeza para las autoridades y ponen en jaque la tranquilidad de la ciudadanía que queda en medio de los hechos violentos. La Defensoría del Pueblo reveló un informe llamado ‘Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir’.
Este documento fue presentado al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella para que pueda tener claro el duro panorama que hoy vive el territorio nacional.
“La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional de velar por el ejercicio de los derechos humanos, presenta al nuevo Gobierno nacional, al Congreso de la República y a la ciudadanía el documento ‘Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir’”, señaló la entidad.
La seguridad y el conflicto armado prenden las alarmas, pues desde la Defensoría precisaron que, aunque hay esfuerzos de las diversas instituciones, estas problemáticas persisten y, con el pasar del tiempo, se transforman,siendo un reto mayor para las autoridades.
Según el informe, las disidencias de las Farc tienen presencia en 372 municipios, mientras que el ELN aparece en 260 municipios. El documento también registra presencia del Clan del Golfo en 509 municipios, de acuerdo con los indicadores recopilados por la entidad.
La radiografía de la Defensoría señala que entre 2019 y el 18 de julio de 2026 se registraron 651 masacres, que dejaron 2.380 víctimas.
“La consolidación de la paz debe ser una prioridad inaplazable para la garantía de los derechos humanos. Los datos que se recogen en este eje evidencian que la criminalidad organizada y el conflicto armado persisten, al tiempo que se transforman y fragmentan”, advirtió.
El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes también aparece entre las principales preocupaciones. El documento señala que los casos registrados por el ICBF pasaron de 318 en 2024 a 420 en 2025, lo que representa un incremento aproximado del 32 % en un año.
“En este contexto, las respuestas estatales en materia de seguridad deberán atender las nuevas dinámicas de violencia, garantizando que la protección de la población civil y el respeto por los derechos humanos sean ejes orientadores de la acción pública”, agregó la Defensoría.
En esta compleja radiografía que hoy entregan desde la Defensoría, señalaron que persiste el uso de drones, homicidios, amenazas, desaparición forzada, masacres, confinamiento, desplazamiento, reclutamiento y afectaciones por minas antipersonal.
Entre 2020 y 2026 se registraron 12 casos de homicidios a periodistas. La Defensoría advierte que las agresiones contra la prensa no solamente comprometen la integridad de quienes ejercen el oficio, sino que tienen consecuencias sobre la libertad de expresión y las posibilidades de la ciudadanía de acceder a información.
La Defensoría precisó que, pese a los avances registrados durante los últimos años, persisten profundas diferencias territoriales y sociales en el acceso efectivo a alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social.
El informe ubica la pobreza monetaria en un 31,8 % y la pobreza monetaria extrema en un 11,7 % para 2025, cifras que muestran la magnitud de los retos sociales que deberá enfrentar el país.
“La reducción de las desigualdades constituye uno de los principales desafíos para la consolidación de un Estado social de derecho. Si bien en los últimos años se observan avances en distintos indicadores relacionados con las condiciones de vida de la población, estos no han beneficiado por igual a todos los territorios ni a todos los grupos sociales”, indicó el documento.