La Procuraduría pidió suspender el contrato para el “reforzamiento estructural, modificación arquitectónica y ampliación para la rehabilitación del edificio central del hospital San Juan de Dios y Materno Infantil”, por dudas frente al consorcio ganador San Charbel; que con base en el trámite seguido por la Agencia Nacional Inmobiliaria (ANIM), cuentan lo que habría detrás.
Para la licitación, el consorcio San Charbel compitió con Disico S.A. por el mismo contrato y fue rechazado por la falta de una certificación de obra que formaba parte de los requisitos mínimos de experiencia, pero hay pruebas de que personas relacionadas con Disico, la firma perdedora, y Bazzani Arquitectura y Urbanismo SXXI, oferente para la interventoría, intervinieron en la comunicación de Andrey Montes contra GEO Construcciones.
El asunto tiene que ver con supuestas irregularidades en la composición accionaria de uno de los integrantes de San Charbel, llamado Geoconstrucciones.
Antes de la Invitación 024
En la primera convocatoria para este contrato, bajo Invitación Pública 016 de 2026, para el mismo proyecto, San Charbel fue el único oferente que se presentó. La entidad no le adjudicó y, por el contrario, su propuesta fue rechazada y el proceso terminó fallido.
En el marco de ese primer proceso, el 10 de julio, se dieron hechos que hoy generan dudas. San Charbel presentó observaciones al informe final, las cuales no tuvieron respuesta, el proceso fue declarado fallido ese mismo día y tan solo minutos después se publicaron los documentos de la nueva Invitación Pública, ahora bajo el número 024, y con términos de referencia que cambiaron sustancialmente, pues varios requisitos fueron reducidos o flexibilizados.
Ese cambio tuvo un efecto concreto: experiencia que no alcanzaba varios umbrales en la 016 adquirió mayor utilidad en la 024. Entre quienes entraron al segundo proceso estuvo la Unión Temporal San Juan de Dios 2026, liderada por Disico S.A. con el 65% de participación. Disico era competidor y su oferta fue rechazada.
El Informe Final de Evaluación muestra que Disico tenía el 65 % de participación en la Unión Temporal San Juan de Dios 2026, estructura que aspiró al mismo contrato de obra en el segundo proceso contractual que, como se mencionó, ahora tenía requisitos más fáciles de cumplir. Aun así, su propuesta terminó rechazada por razones técnicas.
Dos certificaciones para un mismo contrato
La estructura liderada por Disico., utilizó experiencia asociada al Contrato de Obra No. 032 de 2010, ejecutado en el Hospital Militar Central. Pero, al revisar los soportes, aparece una diferencia: existen dos versiones de una certificación atribuida a la misma entidad pública, sobre el mismo contrato y con la misma fecha, pero con actividades técnicas distintas.
La Constructora Castell Camel S.A., integrante del Consorcio Construhospitales que ejecutó la obra, posteriormente participó en la Unión Temporal San Juan De Dios 2026 a través de Argus Constructores S.A.S., sociedad con una participación del 25 por ciento.
Para acreditar experiencia en el Registro Único de Proponentes RUP ante la Cámara y Comercio de Bogotá, se utilizó una versión de la certificación con un alcance menor, cuyo listado de actividades termina en “reforzamiento estructural”.
La versión presentada dentro de la oferta liderada por Disico ante la ANIM contiene un alcance distinto. Agrega expresamente las expresiones “ajuste diseños”, “licencia de construcción” y “para el bien de interés cultural”, que son parte de requisitos técnicos de la licitación del Hospital San Juan de Dios. Sin embargo, el informe de evaluación no dio por acreditado satisfactoriamente ese componente y la oferta de la Unión Temporal San Juan de Dios 2026 terminó rechazada técnicamente, se repite, porque las certificaciones no concordaban.
Las dos certificaciones corresponden al mismo contrato, tienen la misma fecha y aparecen atribuidas a la misma entidad, pero presentan alcances diferentes.
La imagen de la derecha muestra el alcance aportado en Camara y comercio de Bogota, la imagen de la izquierda muestra el alcance acreditado en el proceso de la ANIM
Las dos certificaciones corresponden al mismo contrato, tienen la misma fecha y aparecen atribuidas a la misma entidad, pero presentan alcances diferentes
La diferencia adquiere mayor relevancia porque la documentación contractual revisada hace referencia a la NSR-98, mientras que una de las certificaciones menciona una “actualización a NSR-10”. También existe soporte según el cual la licencia de construcción fue tramitada por el Hospital Militar Central y no por el contratista.
Tras el rechazo técnico de la oferta de la Unión Temporal San Juan de Dios 2026, aparecen comunicaciones y presiones de distintas personas alrededor de los cuestionamientos contra GEO Construcciones y, posteriormente, mensajes dirigidos al representante legal del consorcio San Charbel.
La primera comunicación de Andrey Montes, fue presentada públicamente como una denuncia espontánea contra GEO Construcciones. Sin embargo, los chats aportados por este muestran un contexto distinto. Un contacto guardado por Andrey Montes como “Arq Mauricio” recibió el documento de denuncia, solicitó incorporar una firma digital, escribió “yo me encargo de enviar la denuncia” y suministró los correos de Davibank.
También se menciona a Mario Fernando Gámez Moncada, quien aparece en otra serie de comunicaciones. Este, en un chat anterior se presentó ante Andrey Montes como “el ingeniero Mario de Bazzanni Arquitectura y Urbanismo” (firma interesada en la interventoría del contrato). Esta persona fue quien mal informo a Andrey con respecto a su participación en la licitación y envió información relacionada con GEO Construcciones, solicitó copia de la comunicación de denuncia, recomendó su envío y suministró correos de Davibank. Ese antecedente permite documentar cómo se presentó Gámez ante Montes, pero no basta por sí solo para establecer que en 2026 actuara formalmente en nombre de Bazzanni.
$750 millones, mensajes de presión y una posible filtración
El 12 de agosto, a las 5:05 p.m., Andrey Montes remitió a la entidad una rectificación sobre GEO Construcciones. Según los soportes revisados, el documento no había sido publicado. A las 6:12 p. m., apenas 67 minutos después, Nelson Ríos, quien se presentó como integrante de DISICO S.A., contactó a Montes.
Horas después, Ríos escribió al representante legal de San Charbel con expresiones como “se hundirá con ellos”, “aún tiene cómo resolver” y “proteja su empresa”. En esos intercambios también mencionó una disputa económica por $750 millones con personas que relacionaba con ese entorno empresarial.
Los mensajes no prueban que personal de la entidad hubiera filtrado información ni que San Charbel fuera destinatario de un cobro por esa suma, pero sí dejan una pregunta relevante: ¿cómo conoció un competidor, tan poco tiempo después, movimientos contenidos en una comunicación que aún no era pública? ¿por qué imparte amenazas al representante legal del otro consorcio y coincidencialmente se suscita cierta clase de publicaciones periodísticas en redes y una intervención de la misma procuraduría?
La rectificación de Andrey Montes no fue una afirmación aislada. En declaración extrajuicio, presentada a la ANIM y a los medios, señaló que sí pertenece a GEO Construcciones, que conocía su participación en la Invitación Pública No. 024 de 2026 y que autorizó el uso de su experiencia profesional. Para respaldar su versión aportó el Acta No. 05 de 2024, los RUP de 2024, 2025 y 2026 y el reporte de beneficiarios finales de la DIAN.
También explicó que las certificaciones en las que no aparecía reflejaban una compraventa de acciones que, según su versión, quedó sin efectos por incumplimiento del comprador. Presentar la primera comunicación como prueba definitiva de una suplantación, sin mostrar la rectificación y sus soportes, deja una historia incompleta. Lo que debe investigarse es si esa disputa societaria fue utilizada por personas relacionadas con oferentes de la obra y de la interventoría para atacar el resultado de la selección.
Los documentos del proceso contractual plantean que el consorcio San Charbel resultó beneficiario con la aceptación de la oferta por parte de la entidad y la fiduciaria Davibank, lo que ocurrió mucho antes de que aparecieran las observaciones de la procuraduría y las presuntas denuncias de la contraparte, por lo que posiblemente se habrían generado derechos adquiridos que podría generar una demanda de San Charbel.