La continuidad del servicio de internet en 788 municipios de Colombia está bajo observación de la Contraloría General de la República.
La entidad advirtió sobre posibles incumplimientos en proyectos de conectividad debido a las dificultades económicas que enfrenta la compañía TV Azteca.
La alerta está relacionada con la Red Nacional de Fibra Óptica, una infraestructura desarrollada para ampliar el acceso a internet en diferentes regiones del país.
Según la información reportada, los problemas financieros, las fallas operativas y un proceso de reorganización interna de la compañía generan preocupación por una eventual interrupción del servicio.
Aunque la advertencia pone el foco en los riesgos para la conectividad, no significa que los 788 municipios se hayan quedado sin internet.
Se trata de una alerta sobre posibles afectaciones a la continuidad de un servicio que resulta fundamental para las entidades públicas y las comunidades.
¿Qué proyecto de conectividad está en riesgo?
El caso está relacionado con el Proyecto Nacional de Fibra Óptica (PNFO), una iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), que permitió desplegar una red de transporte de alta velocidad en 788 municipios de 27 departamentos.
De acuerdo con la información oficial del MinTIC, la infraestructura supera los 20.000 kilómetros de fibra óptica y está diseñada para facilitar que los operadores de telecomunicaciones presten servicios de internet a los usuarios finales.
La inversión reportada para el proyecto asciende a aproximadamente $433.837 millones, según el informe de gestión del sector TIC correspondiente al periodo 2024-2025.
Por eso, la alerta también tiene relevancia desde el punto de vista de la protección de los recursos públicos.
Además, ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se encuentra en trámite una solicitud de autorización relacionada con la venta e integración de esta red con el operador TV Azteca.
Este proceso se suma a los asuntos que rodean la operación de la infraestructura y su continuidad.
¿A quiénes podría afectar una interrupción del servicio?
La Contraloría advirtió que una eventual interrupción de la conectividad podría afectar a diferentes entidades y comunidades que dependen de esta infraestructura para desarrollar sus actividades.
Entre los posibles afectados se encuentran alcaldías, hospitales, instituciones educativas y organismos de seguridad, además de otras entidades públicas y ciudadanos que utilizan internet para acceder a servicios esenciales y plataformas digitales del Estado.
La preocupación es especialmente relevante en las zonas apartadas del país, donde la infraestructura de fibra óptica facilita el acceso a internet y contribuye a reducir las brechas digitales.
En estos territorios, una afectación de la red podría dificultar las actividades que requieren conexión, aunque el alcance real dependería de las condiciones en que se presentara una eventual interrupción y de las alternativas de conectividad disponibles en cada lugar.
Antecedentes sobre la infraestructura
La alerta se conoce después de que, en agosto de 2026, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) examinara otro riesgo relacionado con la infraestructura de TV Azteca y una controversia contractual con Andean Tower Partners (ATP).
En ese momento, la CRC identificó 419 sitios potencialmente involucrados y advirtió que la situación podía afectar a proveedores y usuarios, aunque no confirmó una interrupción generalizada del servicio.
Posteriormente, el 4 de septiembre de 2026, se informó de un acuerdo entre las empresas para resolver sus diferencias económicas y jurídicas sobre los contratos de arrendamiento de infraestructura.
Frente a los riesgos identificados, la Contraloría Delegada para el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones anunció que mantendrá la vigilancia fiscal sobre proyectos como el Proyecto Nacional de Fibra Óptica (PNFO) y el Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad (PNCAV).
El objetivo es prevenir posibles afectaciones en la prestación de los servicios y vigilar las inversiones públicas destinadas a ampliar la conectividad en Colombia.