Luego de que pasaran meses desde que sucedió la desaparición y muerte de la niña Valeria Afanador, su caso continúa siendo tema de conversación por los presuntos responsables y por las decisiones que rodean este terrible suceso.
Recientemente, se conoció que el Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, lugar donde empezó toda la tragedia, fue suspendido por la Gobernación de Cundinamarca, a través de la Resolución 4627 del 19 de junio de 2026.
Es importante recordar que Valeria fue reportada como desaparecida en el mes de agosto del año 2025 y días después, tras una larga y ardua búsqueda, fue encontrada sin vida a causa de ahogamiento.
Con esta resolución emitida por La Gobernación se resolvió sancionar a la institución educativa por presunto incumplimiento de las normativas. Además, se informó que la rectora de este plantel, Sonia Ochoa Daza, también fue sancionada, sin embargo, esta decisión no se asegura todavía, según se mencionó en Blu Radio al tener acceso al documento.
“DECLARAR administrativamente responsable al establecimiento educativo COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE LOS LAURELES BILINGUE, identificado con Dane n.° 425128048007, NIT 832007998-5, Rectora. SONIA OCHOA DAZA (...), por la infracción grave a las disposiciones que regulan la prestación del servicio educativo, de conformidad a la parte motiva del presente Acto Administrativo", se lee en el documento.
Lo que se afirma, es que mediante esta medida se impuso como sanción la cancelación de la licencia de funcionamiento del plantel educativo, y mencionan que esto empezará a regir en el momento en el que culmine el calendario académico del presente año 2026.
De igual forma, también se le ordenó a la rectora del Colegio que presente un Plan de Reubicación de Estudiantes antes del 31 de octubre de 2026 para que sea enviado a la Secretaría de Educación de Cundinamarca.
“El establecimiento educativo investigado presta el servicio público de educación formal en los niveles autorizados de conformidad con la licencia de funcionamiento y, en virtud de ello, se encuentra obligado al cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulan la prestación del servicio educativo, así como de los deberes especiales de protección, cuidado y vigilancia”, afirman desde La Gobernación de Cundinamarca.
Vale la pena recordar que para el mes de septiembre de 2025, el abogado Julián Quintana, quien actuó como representante legal de la familia de la menor de edad, se pronunció y solicitó al Ministerio de Educación y a otras autoridades competentes el cierre de la institución educativa. “El colegio debe estar cerrado. No cumple con las condiciones mínimas de seguridad, ni para Valeria ni para cualquier niño que esté en la institución”, afirmó en dicho momento.