El 9 de abril de 2023, el entonces presidente Gustavo Petro, se comprometió a que durante su mandato se iba a terminar el Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán.
En medio de la conmemoración de los 75 años del asesinato del caudillo liberal, ocurrido el 9 de abril de 1948, el jefe de Estado aseguró que se iban a realizar todos los trámites para terminar la casa museo en la localidad de Teusaquillo.
“Esta es una obra que está inconclusa y que se debe terminar, este Gobierno debe terminarla, precisamente para que la memoria sea, no para que la memoria desaparezca. Algún funcionario decía que había que enterrar a Gaitán y olvidarlo, pero no, al contrario, nosotros tenemos que revivir a Gaitán”, señaló Petro en medio de los eventos.
Sin embargo, el Gobierno Petro finalizó y la obra no culminó. Incluso, se podría decirse que está bastante lejos de terminar.
Recientemente, el desarrollo de la obra recibió un fuerte golpe por parte de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró improcedente una acción de cumplimiento promovida por el Centro Nacional de Memoria Histórica en contra de la Universidad Nacional.
En la acción se pedía agilizar todo el trámite para a terminación del complejo arquitectónico Exploratorio Nacional destinado a conmemorar el legado de Gaitán.
El Centro Nacional de Memoria Histórica buscaba, entre otras cosas, el saneamiento de los bienes, la entrega de inventarios, la fijación de cronogramas y el suministro de toda la información de las acciones adelantadas sobre las actuaciones administrativas.
Sin embargo, al revisar las pretensiones, el Tribunal consideró que todavía no se habían agotado todas las instancias para exigir el cumplimiento de la norma mencionada.
Para la Sala, las normas invocadas por el accionante no contienen un mandato claro, expreso e inmediatamente exigible a cargo de la Universidad Nacional, puesto que su cumplimiento depende del agotamiento de las actuaciones administrativas que hacen parte de una coordinación entre varias entidades.
En este debate jurídico se resalta que la controversia planteada puede debatirse en medio de un control de protección de los derechos e intereses colectivos.