¿Herramienta contra el crimen o puerta a la impunidad? Los casos que sacuden los beneficios judiciales en Colombia

El principio de oportunidad fue creado para que la Fiscalía tuviera una herramienta especial que fortaleciera la justicia, pero, al revisar diversos casos judiciales, se estaría convirtiendo en uno de los mayores beneficios para algunos protagonistas de los escándalos de corrupción más sonados del país.

Ese mecanismo le permite al ente investigador suspender o renunciar a la persecución penal de una persona a cambio de entregar información que permita desmantelar estructuras criminales más grandes. Sacrificar un proceso para ir por otros de mayor magnitud, era la regla de este beneficio.

Pero la realidad sería una cosa muy diferente por lo que reflejan varios expedientes de renombre: investigados en casos de corrupción obtienen beneficios judiciales, recuperan la libertad, continúan haciendo negocios con el Estado colombiano y las investigaciones que les pondría en riesgo esos beneficios brillan por sus escasos avances.

De hecho, el mismo Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha manifestado su intención de reordenar la justicia negociada, a través de su ministro de Justicia, Iván Cancino, quien se deberá encargar de fortalecer los preacuerdos bajo estrictos criterios de proporcionalidad entre la colaboración del procesado, el daño causado y la reparación a la víctima.

Expertos juristas han advertido que sobre esa figura habría tres problemas estructurales: los beneficiados reinciden o siguen contratando con el Estado, es decir, no disuade; tampoco estaría diseñado para reparar integralmente; y no establece ninguna inhabilidad para licitar después con el sector público.

Las mismas cifras muestran cómo la impunidad ha reinado sobre los casos de corrupción. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia construyó en 2023 el primer Mapa de la Impunidad, analizando todas las denuncias por delitos contra la administración pública en los últimos 12 años.

Ese estudio reveló que de las 57.500 denuncias por corrupción que se radicaron en ese periodo de tiempo, solo en el 6 % se logró condena, el 89 % de esos casos no registran capturas y el 77 % permanece en etapa de indagación con pocos avances procesales. El 2022 dejó la penosa cifra de 0.96 % de este tipo de casos que terminaron en sentencia.

La Corporación Excelencia a la Justicia también entregó un informe SPOA (Sistema Penal Oral Acusatorio) con datos del 2024, que reveló cómo en ese año se expidieron más de un millón de noticias criminales, de las cuales, apenas el 0.5% —7.900 procesos— terminaron por principio de oportunidad. Cerca de 200 de esos casos eran por delitos relacionados contra la administración pública.

Lo curioso es que esas mismas cifras mostraron como en entre el 2010 al 2023, el principio de oportunidad legalizado ha tenido un crecimiento del 1.137 %, pero los casos de presunta corrupción solo corresponden al 5 %. En ese mismo periodo de tiempo los jueces de control de garantías solo han negado el 8 % de ese beneficio jurídico.

Esas cifras y los patrones similares que le han aparecido al principio de oportunidad, se estarían dando en reconocidos casos de corrupción como el carrusel de la contratación en Bogotá, Centros Poblados, Operación Quirófano y el más reciente relacionado con la construcción del aeropuerto del Café (Aerocafé) en Caldas.

El reincidente Emilio Tapia

Emilio José Tapia Aldana es un polémica contratista, casado con la excongresista Saray Robayo, quien se convirtió en uno de los mejores ejemplos para ilustrar los problemas que tendría detrás el principio de oportunidad. Desde el año 2015 fue condenado a 17 años de cárcel por el escándalo de corrupción bautizado como el carrusel de contratación en Bogotá.

El condenado contratista logró por varios beneficios procesales reducir su pena a aproximadamente a 7 años. Así fue como en el 2019 recobró su libertad. Tiempo después fue descubierto estructurando negocios bajo nombres de terceros para participar en la licitación por 1 billón de pesos entre el Ministerio TIC y la unión temporal Centros Poblados. Ese contrato terminó en un escándalo con la desviación de 70.000 millones de pesos destinados para el anticipo.

Por ese caso Tapia volvió a ser capturado, intentó acogerse a un principio de oportunidad para prender el ventilador, pero la Fiscalía consideró que no dio información valiosa. Por eso recurrió a otro beneficio como el preacuerdo, el cual utilizó para declararse culpable a cambio de devolver parte del dinero.

En diciembre de 2024 fue condenado a más de 6 años de cárcel, sin embargo, varios meses después recobró su libertad y reapareció públicamente en un centro comercial, acompañado de un fuerte esquema de seguridad y de su esposa, en Barranquilla. Esas imágenes encendieron la polémica por la flexibilidad de la justicia con uno de los corruptos más reconocidos del país.

Lo grave de este caso es que en abril de 2026, la saliente ministra de Transporte, Mafe Rojas, denunció públicamente que estructuras empresariales vinculadas con Tapia, estarían intentando participar en varios procesos licitatorios, por medios de consorcios con empresas que habrían sido sancionadas, inhabilitadas o hasta en liquidación por el caso de Centros Poblados. El contratista negó los señalamientos y alegó suplantación.

Así fue como Emilio Tapia logró una beneficio penal en el primer escándalo, reincidió, protagonizó un nuevo caso, intentó volver a aprovecharse de la justicia, le dieron un preacuerdo, beneficios penitenciarios y volvió a salir a las calles a seguir contratando con el Estado, como lo alertó la ministra del Gobierno Petro.

Caso Solarte - Narváez

Uno de los casos que más ha llamado la atención en las últimas semanas involucra a los dos empresarios Luis Fernando Solarte Viveros y José Ignacio Narváez Mora, unos reconocidos contructores que han estado detrás de megaproyectos en Colombia como la Troncal de la Paz en Antioquia y ahora la construcción del aeropuerto del Café en Palestina, Caldas.

En diciembre de 2005, el Consorcio Troncal de la Paz - integrado por Luis Héctor Solarte, Carlos Alberto Solarte, Luis Fernando Solarte (representante) y José Ignacio Narváez (apoderado) firmaron un convenio con la Gobernación de Antioquia para mejorar y pavimentar la troncal de la Paz, tramo La Cruzada - Caucasia.

20 años después, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia llevó hasta la cárcel al entonces gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria, por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y contrato sin cumplimiento que se habría dado en ese contrato. Las pruebas sacaron a flote la forma en que habrían utilizado el anticipo para comprar maquinaria.

En el proceso aparecieron retroexcavadoras, volquetas, camiones y hasta una planta de asfalto que habría quedado como activo privado del consorcio Troncal de la Paz, cuando el dinero para esa obra lo dio el departamento de Antioquia. Así mismo apareció un cheque de marzo de 2006 girado a Carlos Alberto Solarte por casi 700 millones de pesos. La justicia terminó investigando una suma superior a los 8.000 millones de pesos que habría beneficiado a esa sociedad.

Así fue como en junio de 2021, la Fiscalía activó un principio de oportunidad para suspender la persecución penal contra Luis Fernando Solarte y José Ignacio Narváez, a cambio de que declararan contra el exgobernador Gaviria. Ese beneficio tuvo una última prórroga de un año desde el 2 de mayo de 2025, pero en medio de la Asamblea de Organización S&V, los Solarte informaron a sus socios que ese mecanismo lo tendrían activo hasta abril de 2027.

Lo particular de este caso es que en la actualidad contra Solarte y Narváez, según fuentes dentro del proceso, habrían por lo menos cinco procesos penales activos que avanzan a paso de tortuga, además del principio de oportunidad que tendrían vigente hasta el próximo año.

Pero en medio de todo ese debate jurídico, la empresa Sonacol apareció como una de las integrante del consorcio Café SK que en diciembre de 2025, se ganó el contrato para la construcción de la primera etapa de la pista del aeropuerto del Café (Aerocafé) en Palestina, Caldas. El megaproyecto que tiene destinado un presupuesto de 634.000 millones de pesos.

SEMANA conoció recientemente que el Gobierno del presidente saliente Gustavo Petro realizó un comité fiduciario para definir la suerte del actual gerente del proyecto, Fernando Merchán, pues seis meses después de que se entregó el contrato, según fuentes en la Gobernación de Caldas, “no se ha movido una sola piedra” pese a que la licitación ya fue adjudicada formalmente a KMA Construcciones.

Bomberos de Daniel Quintero

Entre 2021 y 2021, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos de Itagui, vinculados a la administración del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, firmaron seis contratos presuntamente amañados por aproximadamente 18.000 millones de pesos, que habrían dejado un detrimento patrimonial de 2.400 millones de pesos.

Lo particular de este caso es que cerca de la mitad de los implicados solicitaron un principio de oportunidad, situación que sería inusual en procesos de corrupción. En ese caso terminaron acudiendo a ese mecanismo Misael Cadavid (exgerente de Bomberos de Itagui), Laura Mejía (exjefe de Logística), Elkin González (exjefe de la entidad) y María Yaneth Rúa (supervisora de contratos del Área Metropolitana).

Los funcionarios de bomberos de Itagüí imputados por la Fiscalía son María Yaneth Rúa, Misael Alberto Cadavid y Elkin de Jesús González. Foto: Fiscalía

Expertos abogados consultados por SEMANA explicaron que ese patrón dejaría en evidencia que el principio de oportunidad se estaría usando menos como excepción y más como salida ordinaria a un proceso penal por corrupción. También advirtieron que dar la libertad inmediata a los beneficiarios sin verificar la información que aportan, podría generar un riesgo institucional que ha sido alertado por la misma justicia.

A finales de julio de este año se logró la primera condena dentro de este proceso contra Juan Alberto Cardona Henao, quien fue tesorero en la entidad, tras admitir mediante preacuerdo su responsabilidad en la expedición de documento irregulares para autorizar el desembolso de recursos durante la ejecución de los contratos, todo bajo la administración de Daniel Quintero.

Operación quirófano

En septiembre de 2019, un Juzgado Penal de Bogotá condenó al empresario Jhon Alexander Colmenares Russi a pagar una pena de 5 años de cárcel por el delito de convierto para delinquir, cohecho, utilización indebida de información oficial privilegiada y asesoramiento ilegal en el famoso caso conocido como Quirófano.

La condena se logró después de una negociación de principio de oportunidad en la que Colmenares Russi, identificado como uno de los “cerebros” del esquema, aceptó cargos, colaboró con la justicia y entregó información sobre como una exsuperintendente, un exinterventor de EPS y dos congresistas habrían conformado una red que se apoderó del sector salud en el Caribe.

Ese caso sacó a flote otro problema del principio de oportunidad y es que incluso cuando ese mecanismo genera información útil para la investigación, la trazabilidad de esos datos en los procesos contra los señalados llegaría de manera lenta y con resultados desiguales. Mientras que el colaborador accedería a beneficios como la rebaja de la pena.

Beneficios en el escándalo de la UNGRD

Uno de los principios de oportunidad que más ha llamado la atención dentro del sector justicia tiene que ver con el que un juez le aprobó a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, quien confesó haber entregado plata y contrato a congresistas, a cambio de conseguir apoyos en el legislativo para el Gobierno del presidente saliente Gustavo Petro.

En abril de 2025, Pinilla fue condenado a 5 años de cárcel tras el acuerdo con la Fiscalía que estableció la forma en que se habría asociado con Olmedo López, exdirector de la UNGRD, para destinar 100.000 millones de pesos a la entidad para alquilar 40 carrotanques que iban a suministrar agua potable en La Guajira.

Los sobrecostos en ese contrato sacaron a flote una red de sobornos a congresistas que dejaron en la cárcel al expresidente del Senado, Ivan Name; el expresidente de la Cámara, Andrés Calle; y la exconsejera Presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, quien recobró su libertad tiempo después.

Lo inaudito de este caso es que aunque acudió al principio de oportunidad para desmantelar toda la red de corrupción que se armó en la UNGRD, Pinilla ha decidió no declarar en el proceso contra la senadora Martha Peralta, del Partido Pacto Histórico, y su defensa hasta radicó un memorial en junio de 2026 para invocar su derecho a guardar silencio.

Esa decisión ha sido cuestionada por varios sectores ante la falta de colaboración de Sneyder Pinilla para revelar cómo la congresista Peralta habría direccionado contratos de la entidad para supuestamente obtener apoyos en el Congreso a favor de la reforma pensional. Pese a esa falta de cooperación, el exsubdirector de la UNGRD sigue disfrutando de los beneficios de la justicia.

Beneficios que “revictimizan”

La familia de Miguel Uribe Turbay, el excandidato presidencial asesinado en un mitín político en un parque de Bogotá, rechazó públicamente el preacuerdo que la Fiscalía adelantaba con Elder Arteaga, alias El Costeño, señalado de participar en el crimen del dirigente político.

A través de la firma Victor Mosquera Marín Abogados, la familia de Uribe Turbay calificó como “inaceptable” cualquier beneficio judicial que pueda recibir el implicado, pues consideraron que un preacuerdo sería un golpe para las víctimas y para el esclarecimiento del crimen del exsenador.

Para ese caso se cuestionó a la Fiscalía por contemplar algún tipo de rebajas o beneficios penales para El Costeño, quien ha sido señalado como uno de los principales determinadores para que el menor de edad accionara el arma contra el líder político. La familia consideró que cualquier beneficio constituiría un “premio a la impunidad y agravio directo al esclarecimiento de los hechos”.

Estos casos sacan a flote que el problema no es exclusivamente de la figura del principio de oportunidad o el preacuerdo, sino la combinación de beneficios procesales, demoras investigativas, congestión judicial y ausencia de consecuencias efectivas frente a nuevas conductas denunciadas. Algunos abogados consideran que esta situación podría crear una “zona de impunidad estructural” para quienes actúan contra la administración pública.