Uno de los testigos más importantes del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, acaba de enviar una carta a congresistas de Estados Unidos manifestándoles su intención de prender el ventilador en ese país y contar cómo opera la corrupción en Colombia y sus protagonistas.
Pinilla ha confesado su participación directa en la entrega de 4.000 millones de pesos para los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle. También cómo fue él quien ayudó a gestionar los contratos en la UNGRD para “pagarles” a los congresistas de la Comisión de Crédito Público sus votos y su apoyo.
Estos testimonios tienen contra las cuerdas a exministros, congresistas y contratistas por su participación en el saqueo. Sin embargo, mientras en la Corte Suprema de Justicia el caso avanza con pasos ciertos, la Fiscalía General de la Nación dejó las cosas quietas y no ha indagado por los demás responsables de la corrupción.
Por eso, Pinilla ahora decidió contar todo en Estados Unidos y envió una carta a los congresistas María Elvira Salazar y Bernardo (Bernie) Moreno, y al poderoso secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, en la que se compromete a delatar todo lo que sabe sobre el caso más grande de corrupción del Gobierno Petro: el saqueo a la UNGRD.
La carta así lo advierte en su asunto: “Solicitud de reunión y disposición para aportar información de interés para el Gobierno de los Estados Unidos relacionada con presuntos hechos de corrupción en Colombia“.
Pero no se trata de una simple reunión; Pinilla, además de su testimonio, asegura que cuenta con elementos de prueba para respaldar sus versiones y hasta se compromete a dar nombres de los corruptos ante la justicia de Estados Unidos.
“El motivo de esta comunicación es (...) poner a disposición información, documentos, testimonios y elementos de prueba que considero de alto interés para las autoridades estadounidenses en materia de transparencia, lucha contra la corrupción, protección de las instituciones democráticas y seguimiento a posibles operaciones financieras vinculadas con recursos públicos colombianos”, se lee en la comunicación, que ya fue enviada a los altos funcionarios estadounidenses.
El exsubdirector Pinilla agregó: “He tenido conocimiento de hechos, circunstancias, rutas de decisión, movimientos de recursos y actuaciones de altos funcionarios y particulares que, a mi juicio, podrían ser de especial interés para el Gobierno de los Estados Unidos, en la medida en que permitirían comprender la dimensión real de una estructura de corrupción que habría operado al interior de importantes entidades del Estado colombiano”.
Hay un tema que resulta prioritario para el Gobierno de Estados Unidos y Pinilla lo sabe: el lavado de activos y movimientos internacionales de dinero ilegal a través del sistema financiero, incluso de ese país.
Con base en eso, advirtió en la comunicación sobre “información que podría resultar relevante para las autoridades estadounidenses encargadas de evaluar riesgos asociados a corrupción pública, redes de influencia, utilización indebida de recursos estatales, posibles movimientos financieros internacionales y eventuales conductas que comprometan principios de transparencia y buen gobierno que históricamente han sido promovidos por los Estados Unidos en la región”.
La carta de Pinilla señala que “estoy convencido de que los elementos que puedo aportar son de interés estratégico para las autoridades estadounidenses y pueden contribuir al esclarecimiento de hechos que trascienden las fronteras de Colombia y afectan la confianza ciudadana en las instituciones públicas”.
Pinilla sabe mucho y aún tiene mucho que contar, que la Fiscalía no ha querido escuchar.
Su testimonio, sumado al del exdirector Olmedo López y al de María Alejandra Benavides, exasistente del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha desnudado el saqueo a la UNGRD.
Por este caso, se encuentran en prisión el exministro de Interior Luis Fernando Velasco y los congresistas Wadith Manzur y Karen Marique; Carlos Ramón González está prófugo de la justicia en Nicaragua; y el exministro Ricardo Bonilla estuvo detenido, pero recuperó la libertad por un error garrafal de la Fiscalía. Además, hay una lista de más de 20 congresistas investigados en la Corte Suprema de Justicia. Si habla, tiembla el país.