Se dio un nuevo giro en el caso de la desaparición y posterior muerte de Valeria Afanador, niña de 10 años que fue vista por última vez en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe ubicado en Cajicá, Cundinamarca.
Su caso se presentó el 12 de agosto de 2025 en medio de incertidumbre sobre su paradero, donde fue hallada sin vida 18 días después en inmediaciones del plantel educativo.

Sin embargo, la institución se pronunció este 22 de enero sobre la solicitud de la familia de la víctima, en la que piden a la Fiscalía imputar cargos a la rectora del colegio y dos profesores por posibles omisiones.
Por homicidio agravado en modalidad dolosa, el abogado Julián Quintana le pidió a la Fiscalía que le impute cargos a la rectora del colegio Gimnasio Campestre los Laureles, Sonia Inés Ochoa y a dos profesores más de la institución; por la muerte de la menor Valeria Afanador,… pic.twitter.com/0hZMMLOO2I
— Antioquia Amanece (@antamanece) January 22, 2026
“Como institución, comprendemos profundamente el dolor de la familia y respetamos las acciones que, desde su sentir, han decidido adelantar en el marco del proceso judicial”, dice el comunicado.
El colegio ha sido enfático en mencionar que desde el primer momento en el que sucedieron los hechos ha colaborado de manera permanente, abierta y responsable con todas las autoridades competentes sobre la investigación.

“Desde el punto de vista jurídico, sin embargo, es importante aclarar que dicha solicitud no resulta procedente. Las autoridades competentes tienen conocimiento de que el colegio ha sido objeto de visitas, inspecciones y vigilancia permanentes por parte de las entidades correspondientes, incluso en días previos a los hechos, y en todas ellas se verificó que la institución cumple con la normativa vigente en materia de seguridad y funcionamiento”, se lee en el pronunciamiento.
La institución también hizo énfasis en que las directivas, profesores y personal de apoyo estuvieron atentos a los requerimientos y exigencias que requieren los niños en el colegio.

“En el marco de la investigación y de la colaboración activa del colegio con las autoridades, se ha ratificado que al interior de la institución existen roles, responsabilidades y protocolos claramente definidos para el cuidado y la supervisión de los estudiantes. Estas funciones están a cargo de personal capacitado y competente, tanto en los espacios de descanso como en los momentos de alimentación, como ocurre en cualquier institución educativa”, afirma el colegio.
El plantel educativo también menciona en su comunicado la decisión sancionatoria administrativa que habría tomado la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca.
“Nos permitimos aclarar los rumores que están circulando sobre el proceso que atraviesa la institución frente a la entidad la CAR, donde se menciona un proceso sancionatorio. Resaltamos que a la fecha solo contamos con un proceso investigativo que tiene medida preventiva y estamos a la espera de que la CAR realice la visita de seguimiento para verificación de compromisos solicitados en la ronda hídrica. En cuanto a la Secretaría de Educación de Cundinamarca, continuamos en el proceso de investigación y no hemos sido sancionados”, aclara el comunicado.









