De abril 15 al junio 30 del año 2000 fue el tiempo en el cual José Manuel Cuesta Córdoba fue diputado en la Asamblea Departamental del Chocó. Por este tiempo como funcionario público, Córdoba y su abogado reclamaban cesantías no pagadas por 1.842.450 pesos, con el añadido de una sanción moratoria de 710.025.990 pesos.
Lo anterior significa que el departamento del Chocó supuestamente debía la mora que valía 385 veces más que la obligación laboral que se reclamaba. El gobernador encargado, Roger Pastor Mosquera Lozano, autorizó en 2007 una conciliación a favor del exdiputado por 711.868.440 pesos, según indican los comprobantes de pago de la época.
Sin embargo, se demostró que, en el año 2003, la Asamblea Departamental le había pagado al exdiputado Cuesta Córdoba esas cesantías menores a los 2 millones de pesos. Por solo dos meses y medio de trabajo como diputado, Cuesta Córdoba recibió en esta maniobra ilícita el equivalente a unos 190.000 dólares al cambio actual.
En 2021, Mosquera Lozano fue condenado a 15 años y 5 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia por peculado y prevaricato, pues como gobernador encargado autorizó unos pagos ilícitos en acuerdos o conciliaciones ante un juzgado laboral. La suma indebidamente pagada ascendió a 4.855 millones de pesos, pero, con la indexación, la Corte Suprema consideró que el fugaz exgobernador causó un detrimento patrimonial de 9.000 millones de pesos.
José Manuel Cuesta Córdoba y ninguno de los diputados de la época fue condenado por este hecho, sin embargo, son mencionados por la Corte Suprema de Justicia en la condena contra el gobernador (e) Roger Pastor Mosquera Lozano en su condena del año 2021.