Una denuncia que durante años se movió en voz baja, entre rumores, señalamientos y comentarios de pasillo en Valledupar terminó por estallar en uno de los escándalos disciplinarios más delicados de los últimos tiempos en el Cesar.
Lo que muchos señalaban sin pruebas hoy tiene a 19 concejales y exconcejales bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación, en una investigación que apunta a presuntos hechos de corrupción, incremento patrimonial injustificado y posibles sobornos ligados a millonarias concesiones públicas.
El caso, que ya no es un simple comentario de calle, sino un proceso formal, tiene como eje las decisiones tomadas durante la administración del entonces alcalde Mello Castro González entre 2022 y 2023. En ese periodo, el Concejo aprobó dos de las concesiones más polémicas en la historia reciente de la ciudad: tránsito y alumbrado público.
Hoy esas decisiones están en el centro de un expediente disciplinario que busca reconstruir lo que, según investigadores, podría ser un entramado de intereses, dinero y decisiones públicas que no cuadran.
La magnitud del caso es tal que la Procuraduría ya formuló pliego de cargos contra estos excabildantes. De los 19 investigados, cinco repiten hoy como concejales, lo que aumenta la presión política y el impacto del escándalo en la capital del Cesar. La decisión, adoptada el pasado 28 de abril, cayó como una bomba en una ciudad donde desde hace años se hablaba de supuestos pagos ilegales para la aprobación de proyectos, pero nunca había pasado nada.
Fuentes cercanas al proceso confirmaron que la investigación no surgió de manera improvisada. Desde 2023, un equipo especializado de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría desplegó un rastreo exhaustivo sobre los movimientos financieros de los concejales. El nivel de detalle de las pesquisas incluyó revisión de cuentas bancarias, propiedades, declaraciones de renta, pagos de impuestos, servicios públicos y otros registros económicos.
El objetivo era claro: establecer si los ingresos oficiales de los cabildantes coincidían con su nivel de gasto. Y ahí, según las conclusiones preliminares, comenzaron a aparecer las inconsistencias.
Para los investigadores, hay indicios de que varios de los concejales registraron egresos muy superiores a sus ingresos. Es decir, gastaban más de lo que legalmente recibían. Esa brecha encendió las alarmas y llevó a inferir un posible incremento patrimonial injustificado, que ahora deberán explicar en medio del proceso disciplinario. El hallazgo no se detiene ahí. En varios casos, los funcionarios investigados no habrían presentado sus declaraciones de bienes y rentas en los periodos analizados, lo que agrava las sospechas. En otros, los movimientos financieros detectados resultan desproporcionados frente a sus ingresos oficiales.
En Valledupar, la reacción no se hizo esperar. Lo que antes eran murmullos ahora se discute abiertamente. “Eso aquí todo el mundo lo comentaba, pero nadie tenía cómo probarlo. Ahora que salió lo de la Procuraduría, ya la gente entiende que algo raro sí estaba pasando”, dijo un ciudadano consultado.
Uno de los que ha seguido de cerca este caso es César Ahumada, integrante de la Veeduría Transparencia e Información Pública, quien desde hace meses viene documentando irregularidades en estas concesiones. “Nosotros desde el año 2024 comenzamos a denunciar, porque ya estaban aprobadas las dos concesiones de alumbrado público y de tránsito. Hicimos una denuncia y, además, una demanda ante el Tribunal del Cesar porque esta sociedad de economía mixta está operando en el tránsito sin la resolución o el acto administrativo firmado por el alcalde de la época”, afirmó.
Las denuncias de Ahumada van más allá del papel. Según explicó, la concesión de tránsito habría comenzado a operar sin los soportes legales necesarios, lo que abre un nuevo frente de cuestionamientos sobre la legalidad de todo el proceso.
“Aquí hay muchas irregularidades. La sociedad de economía mixta opera en el mismo edificio donde funciona Tránsito. No hay una interventoría que pueda neutralizar las acciones o las irregularidades, especialmente en temas como las fotomultas”, agregó. Pero quizá lo más explosivo de sus declaraciones tiene que ver con lo que, según él, se comentaba en la ciudad desde hace tiempo. “Todo el mundo regaba la bola de que había un negocio de 300 millones de pesos para cada concejal. De manera repentina, algunos aparecieron con camionetas nuevas; otros tienen hasta edificios de cinco pisos. La comunidad se pregunta si el salario de un concejal da para todo eso”, dijo.
Para el veedor, la actuación de la Procuraduría marca un punto de quiebre frente a prácticas que, según él, se han normalizado. “Eso confirma lo que se escuchaba en los corrillos: que habrían recibido sobornos para aprobar estas concesiones y que lo mismo se estaría repitiendo con otros proyectos”, sostuvo.
Otro de los puntos críticos tiene que ver con la duración de los contratos. “Fueron concesiones a 30 años. Eso es lo que más llama la atención, porque no se ha visto un control político serio. Eso pone sobre la mesa si hubo beneficios indebidos para los concejales”, añadió Ahumada.
Las alertas también han sido respaldadas por voces que han estado dentro del sistema. El exconcejal Ricardo Vives aseguró que este tipo de prácticas no son ajenas en el Cesar. “Cuando se presentan este tipo de iniciativas, aparecen terceras personas que uno no conoce. Lo buscan a uno fuera del Concejo, en la calle o incluso en la casa y le dicen: ‘Necesitamos hablar sobre un proyecto que está radicado’”, relató.
Según Vives, esos acercamientos no siempre son inocentes. “Llegan con mensajes y ofrecimientos que están fuera del marco de la ley. Son proyectos que vienen con veneno, que no cumplen con la legalidad y que buscan entregar servicios públicos a terceros”, afirmó. El exconcejal también cuestionó la forma en que se aprobaron las concesiones. “Eso se hizo en cuatro días, de manera exprés, con una participación casi nula de la ciudadanía. Fue prácticamente a puerta cerrada, sin control social real”, aseguró.
Para Vives, lo que investiga la Procuraduría es apenas la punta del iceberg. “El tiempo nos está dando la razón sobre las denuncias que hicimos. Aquí hay mucho por revisar, no solo en Valledupar, sino en todo el departamento”, agregó.
Mientras tanto, el proceso disciplinario sigue su curso. La Procuraduría deberá determinar si estos concejales incurrieron en faltas gravísimas y si hubo un incremento patrimonial sin justificación. De comprobarse, podrían enfrentar sanciones que van desde la destitución hasta la inhabilidad para ejercer cargos públicos. El caso también podría escalar al terreno penal. Dependiendo de los hallazgos, el órgano de control podría compulsar copias a la Fiscalía para que se investiguen posibles delitos relacionados con corrupción.
En medio del escándalo, SEMANA buscó la versión del entonces alcalde, Mello Castro, hoy congresista, pero no hubo respuesta. Su silencio, en un proceso que toca decisiones fundamentales de su administración, aumenta la tensión alrededor del caso.
Lo cierto es que Valledupar enfrenta un momento decisivo. La investigación no solo pone en entredicho a un grupo de concejales, sino que revive un debate más profundo: si los presuntos sobornos forman parte de una práctica estructural en la política regional o si se trata de un caso aislado que ahora comienza a salir a la luz.
Por ahora, la última palabra la tendrá la Procuraduría. Pero, en las calles de la capital del Cesar, la sensación es que lo que durante años se susurró finalmente empezó a destaparse.