La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la preclusión de un proceso que había iniciado en contra del exgobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez. Esto se da en el marco de una denuncia radicada que había sido presentada en 2018 por supuesta injuria y calumnia por el movimiento Ríos Vivos, luego de unas declaraciones concedidas por Pérez sobre el megaproyecto Hidroituango.
El caso se originó en abril de 2018. En aquel entonces Pérez señaló abiertamente que dicho movimiento estaba generando dificultades por sus objeciones y protestas de la obra en mención. Para Ríos Vivos, estos comentarios generaban estigmatización llegando a generar amenazas en algunos miembros de la organización.
Inicialmente, el caso, tras la denuncia, llevó a que la Fiscalía considerara que no había los suficientes elementos para avanzar con la investigación, por lo cual se pidió la preclusión. Uno de los argumentos es que las manifestaciones que hizo el exgobernador, Pérez en abril de 2018, caducaron antes de ser presentada la denuncia.
Posteriormente, a mediados de 2020, la Sala Especial de Primera Instancia declara la preclusión sosteniendo la misma tesis, en el sentido de advertir que la denuncia había sido presentada tras caducar las declaraciones hechas por Pérez. Para los magistrados de dicha sala, en 2020 no existían los elementos para considerar que había un acto de discriminación. A la denuncia se sumó el desalojo de varias personas en el Coliseo Municipal de Ituango
Para la Corte, en este caso la Sala Penal que revisa la segunda instancia, lo “manifestado por el gobernador (Pérez) se advierte la crítica que, como funcionario encargado de proteger la obra pública, le genera el que se trate de obstaculizar la misma”.
La sentencia también señala: “Y si bien, en su primera intervención, el indiciado advirtió que la asociación Ríos Vivos buscaba obstaculizar o paralizar la obra, ello en sí mismo no se verifica injurioso o calumnioso, ni mucho menos dirigido a discriminar u hostigar a un grupo determinado, entre otras razones porque los mismos voceros de la organización en cita admiten que no están de acuerdo con la obra y han adelantado acciones de variado tipo para frenar su construcción”.
“La manifestación del gobernador, así mismo, referida a que se pudo actuar de mala fe, tampoco delimita a una persona o sector particular, o algún tipo de actividad que por reflejo se advierta delictuosa o afecte la reputación o buen nombre de alguien. Máxime cuando el mismo funcionario precisó que lo aseverado deriva de actuaciones de la empresa responsable de la hidroeléctrica, EPM y la Procuraduría, los cuales adelantan sus investigaciones para efectos de instaurar denuncia ante la Fiscalía”, advierte la decisión.