El pasado 8 de noviembre, empezó a regir en Colombia la Ley de Garantías Electorales. Se trata de una norma que busca blindar la contratación pública durante los periodos preelectorales y electorales y garantizar la igualdad de condiciones entre partidos y candidatos.
Ahora, cuando han pasado siete días desde que empezó a regir dicha Ley de Garantías, la Contraloría General de la República lanzó una alerta sobre un hallazgo que puso en evidencia al Gobierno del presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con ese ente de control, durante la primera semana de noviembre, es decir, antes de que entrara a regir ese marco normativo, se comprometieron $ 9,0 billones en convenios y contratos interadministrativos.
Desde la Contraloría destacaron que se trata de una cifra que supera ampliamente el comportamiento habitual de la contratación pública.
“En la primera semana de noviembre, se comprometieron $ 9,0 billones en convenios y contratos interadministrativos, una cifra que supera ampliamente el comportamiento habitual de la contratación pública. El 7 de noviembre se concentró el 68 % de ese total, al registrarse $ 6,1 billones en un solo día, una cifra que equivale a 2,9 veces el promedio mensual de enero a agosto y representa un incremento del 190 % frente al comportamiento histórico”, explicaron desde la Contraloría, este viernes 14 de noviembre.
También se especificó que, tan solo en el Departamento de Prosperidad Social, se concentró el 8.5 % de la contratación que llegó a los $ 770 mil millones.
De tal modo, resaltaron que se trata de la primera alerta que lanza este ente de control, en aplicación a la Ley de Garantias Electorales.
“Esta es la primera alerta que emite la Contraloría General, en el contexto de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, y que se deriva del seguimiento a la contratación pública y al gasto estatal durante el periodo electoral, en aplicación de la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales)”, concluyeron.