La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia aprobó un preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y el general (r) Jorge Salgado, excomandante de la Séptima División del Ejército, investigado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
La Corte anunció que el preacuerdo y las pruebas que hay, hasta el momento, dejan en evidencia que el alto oficial intervino para que el comandante del Batallón de Servicios N.º 4 Yariguíes, perteneciente a la Séptima División, el coronel Harold Felipe Páez, le adjudicara los contratos de la cafetería a un hombre identificado como Samir Fernando García Buitrago.
Esa persona era representante de dos empresas conocidas como Distrilogística e Ingecondi S.A.S., que serían del sector de la ingeniería y la construcción, pero además, tendría una relación con la ingeniera Viviana González. Según la Corte, tanto García como González sabían los parámetros de la contratación para ajustar su propuesta final y salir beneficiados.
La investigación demostraría que la administración contratante, en este caso, la Séptima División del Ejército, según la Corte, “acomodó” los requisitos de experiencia y particularidades de dichas empresas, para terminar beneficiándolas con contratos.
Lo oscuro del negocio, según la Sala de Primera Instancia, es que el general Salgado habría hecho todas esas movidas por el contrato a cambio de “tiquetes aéreos para él y su familia, pago de cuentas en restaurantes y clubes sociales, patrocinio y boletos para eventos culturales”.
La vida de lujo también lo obligó a seguir pagando el alquiler de inmuebles, facturas de servicio público, combustible para los vehículos que usaba la familia, entre otros. La suma superó los 150 millones de pesos.
La Corte también explicó que Salgado emitió órdenes de compra con la empresa Subatours S.A.S. para comprar tiquetes aéreos para el personal del Ejército, pero terminó obteniendo 36 viajes privados para él y su familia, por un valor de casi 20 millones de pesos.
El excomandante de la Séptima División del Ejército devolvió más de 170 millones de pesos antes de la formulación de imputación de cargos, lo que le permitió a la Corte avalar ese preacuerdo, verificando los parámetros legales y la promoción de la justicia premial.
Los tres magistrados de la Sala de Primera Instancia le hicieron un llamado a los jueces para que “en el papel de garantes de los derechos humanos, no asuman una actitud pasiva o estática frente a eventuales allanamientos, preacuerdos, principios de oportunidad, etc., y sin mayor actividad simplemente los nieguen, sino que en caso de advertir posibles inconsistencias, celebren las audiencias que sean necesarias para que las partes entre sí, con la asistencia de la víctima y del Ministerio Público, puedan finiquitar o apuntalar esos consensos”.