La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para San Calixto y El Tarra, en Norte de Santander, debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y el peligro que suponen para las comunidades que habitan allí.
Según la alerta 025 de 2021, 8.500 personas en El Tarra y 3.500 en San Calixto corren peligro por cuenta de los enfrentamientos entre las disidencias del frente 33 y la también disidencia de las Farc, autodenominada frente 41, en la zona del Catatumbo. Sumado a eso, se han reportado enfrentamientos entre el ELN y el EPL desde 2018.
Especialmente, resalta el riesgo en el que se encuentran los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, la población migrante, campesinos, personas desmovilizadas, líderes sociales, miembros de la misión médica, residentes en los cascos urbanos, funcionarios, la población Barí (cerca de 5.900 indígenas) y dignatarios de Juntas de Acción Comunal.
“Que las autoridades refuercen las acciones de protección para los habitantes de estos municipios, afectados por las acciones de los actores armados ilegales que se disputan el control territorial y las rentas de economías legales e ilegales”, explicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, sobre la motivación para emitir el documento.
A propósito, la entidad explicó que las zonas más riesgosas son los centros urbanos, sobre todo en el perímetro donde se localizan los puestos de Policía y las bases militares, ya que estos grupos realizan ataques en contra de la fuerza pública, generando escenarios de peligro para todos los que estén cerca. Así mismo, en la zona rural algunas veredas del corregimiento Filo Gringo en El Tarra, así como veredas de la zona norte de San Calixto también son peligrosas, por la presencia de minas antipersonal.
Las hipótesis de riesgo que tiene la Defensoría son de que se configuren homicidios selectivos y múltiples, desplazamiento forzado, confinamientos, paros armados, enfrentamientos, amenazas y restricciones a la movilidad, entre otros.
Sin duda, el escenario de la zona es lamentable. La entidad resalta que se ha presentado un aumento desbordado de los cultivos ilícitos, mientras no hay retorno a la presencialidad en los colegios y se dan aumentos en el costo de vida por las circunstancias de la pandemia. Sumado a eso, la llegada y tránsito de migrantes, con el desarrollo del proceso electoral de 2022 que ya comenzó, suponen factores de vulnerabilidad.
Los hechos más recientes que resalta la entidad
La Defensoría del Pueblo resalta en la alerta temprana algunos acontecimientos que pusieron sobre la mesa, una vez más, la situación tan complicada que afrontan El Tarra y San Calixto.
En junio, un grupo armado ilegal, al parecer el ELN, dinamitó una torre de una empresa de telefonía celular en San Calixto. Menos de un mes después, el 10 de julio de 2021, en El Tarra, una familia de venezolanos de dos adultos y dos niñas de 14 y 16 años, tuvo que desplazarse porque los padres no quisieron permitir el reclutamiento forzado del frente 33 de las disidencias.
Durante ese mismo mes, integrantes de uno de los grupos armados organizados atacaron a uniformados durante un operativo de control.
El 25 de agosto, en San Calixto, 40 familias se vieron obligadas a desplazarse, después de verse en medio de combates entre grupos armados ilegales que atacaron a miembros del Ejército, mientras estos iban a realizar una operación militar en la zona. Tan solo cuatro días más tarde, una camioneta con explosivos fue dejada frente al comando de policía durante una semana.
Así mismo, se han presentado al menos cuatro episodios en donde la misión médica ha recibido presiones de los grupos armados.