El gigantesco robo a Ecopetrol, que hoy tiene todas las alarmas prendidas, por lo que significó el saqueó de petróleo directamente desde el oleoducto Caño Limón Coveñas por parte del ELN, la participación de prestigiosos empresarios del sector en la comercialización del crudo ilegal, la mezcla con petróleo de Venezuela, y la reventa a Ecopetrol, es un hecho que fue denunciado directamente por la empresa desde tiempo atrás, cuando el presidente era Felipe Bayón.
El asunto quedó en manos de las autoridades, que acaban de realizar una gigantesca incautación de bienes a los protagonistas del robo continuado, por un monto cercano a los 1.3 billones de pesos, tal como han informado desde la Fiscalía.
SEMANA habló con Felipe Bayón, entonces presidente de Ecopetrol, quien, ante estos hechos irregulares, trabajó con su equipo en Ecopetrol y sus filiales, documentaron el fraude y presentaron la denuncia que hoy se convierte en escándalo.
El origen de estas denuncias se dio cuando, “nosotros empezamos a hacer seguimiento, porque había crudo que no era nuestro y había entrado a nuestros sistemas, eso se hace con identificación técnica, como una huella digital de cada crudo. Acá fueron fundamentales las actuaciones de la Policía y Fiscalía. Entonces, se continúa el trabajo que venía de años atrás con la Fiscalía, con los comandos de Carabineros de la Policía y los grupos especiales del tema de hidrocarburos”.
Bayón, quien prefiere referirse poco al tema, en primer lugar porque es un asunto que ya está en manos de las autoridades judiciales, y si bien él ya no forma parte de la compañía, su interés es que no haya ningún tipo de afectación sobre Ecopetrol.
Cuenta que cuando empezaron a documentar los procesos “incluso Ecopetrol sacó un comunicado, en julio del año pasado, el 2022, por eso digo que no es nuevo, desde ese momento nosotros nos constituimos y fuimos reconocidos como víctimas, porque nos dimos cuenta que alguien se estaba aprovechado de los sistemas de la empresa, para vender crudo en actividades ilegales”
“Se utilizaron compañías legalmente constituidas para cometer fraudes y la posición siempre desde el punto de vista ético es que eso era algo que no se iba a tolerar”, explicó Bayón a SEMANA.
El asunto era de tal magnitud e importancia que aunque hasta ahora ocupa los titulares de la prensa y fue incluso publicado en el twitter del presidente Gustavo Petro, tal como ya había sido presentada la denuncia ante las autoridades judiciales, también se le expuso a la junta directiva.
“El tema no solo fue denunciado, sino que fue puesto en conocimiento de la junta directiva de Ecopetrol. Se llevó a la junta directiva actual y a la junta directiva anterior, con reportes claros, avances de las investigaciones y toda la información sobre estas irregularidades”, contó Felipe Bayón.
Ecopetrol es víctima desde que se supo del robo
La empresa nacional de petróleos colombiana, Ecopetrol, se declaró “víctima” en el proceso judicial que se adelanta contra empresarios y sus compañías que habrían participado del saqueó continuado de petróleo y la posterior reventa del crudo a la misma empresa.
En realidad, no se trata de una noticia nueva, desde hace más de dos años, cuando en Ecopetrol notaron que en sus existencias, había un crudo que no era de ellos, empezaron las sospechas, presentaron las denuncias y conforme avanzó la investigación, bajo la dirección entonces de Felipe Bayón, se constituyeron en víctimas.
El escándalo que significó una compleja operación en la que, con apoyo del ELN, eran extraídos miles de barriles de petróleo directamente del oleoducto Caño Limón-Coveñas de Ecopetrol, para ponerlos en un gigantesco buque en alta mar, mezclarlo con operaciones legales, darle esta apariencia y luego venderlo de nuevo a Ecopetrol, generó la reacción del presidente Gustavo Petro.
Además, como Venezuela tenía restricciones para la venta y comercialización del petróleo, parte del crudo con el que se mezclaba lo que hurtaban en Colombia, era de origen de este país, según la investigación de la Fiscalía.
“Esta investigación de la Dijín muestra uno de los mayores robos al estado colombiano. Se robaron cerca de 80 millones de dólares en petróleo y los delincuentes eran ‘gente de bien’ de los sectores más pudientes del país. Debe investigarse si el robo contó con apoyos al interior de Ecopetrol”, dijo el presidente Petro.
Las autoridades investigan un complejo entramado empresarial, que se habría prestado para darle apariencia de legalidad al robo continuado a Ecopetrol, alcanzando las ganancias fraudulentas que plantea el mandatario.
La investigación
Luego de un arduo trabajo con interceptaciones telefónicas, fotografías satelitales, entre más material probatorio, se logró la incautación de bienes de por lo menos 17 empresarios colombianos.
Las compañías de estos empresarios están involucradas en una investigación transnacional, la cual en Colombia incluye dos procesos. Uno criminal y el otro de extinción de dominio, notificado el 18 de mayo pasado.
La incautación de barcos, un lujoso edificio en Cartagena, carros de lujo, megalotes, casas de veraneo y demás bienes, que ocurrió en cinco departamentos de Colombia, está avaluada en más de $ 1,3 billones.
Asimismo, continúa el proceso de acusación contra los empresarios por los delitos de concierto para delinquir, apoderamiento de hidrocarburos y falsedad en documento privado. Esto se da luego de una larga investigación de hombres de la Dijín que desenmascararon una gigantesca operación criminal con petróleo que era hurtado desde los mismos oleoductos.
El proceso de investigación empezó con las misteriosas entradas y salidas de buques petroleros con bandera panameña, que se cargaban en puertos de la costa Caribe y tenían como destino Singapur, Ámsterdam y otros lugares en Asia y Europa.
Las agencias de inteligencia reportaron al país una carga equivalente a un millón de barriles de petróleo colombiano por mes, que costaban cerca de USD 10 millones, pero no figuraban en los registros de exportaciones.
En ese sentido, según los cálculos de los investigadores, que analizaron la operación continuada de hurto de petróleo, se trataba de más 20 camiones cisterna, con capacidad para 12.000 galones, que se cargaban con petróleo venezolano en Maracaibo, Cabimas y La Raya en el estado Zulia (Venezuela).
Posteriormente, se llevaba hacia Colombia y se mezclaba con el que se obtenía ilegalmente del oleoducto Caño Limón-Coveñas, perjudicando de esta manera las finanzas de Ecopetrol, que aparece como víctima dentro del proceso con Cenit, y Swiss Terminal Barranquilla S.A.S.
Así las cosas, se utilizó el nombre de varias empresas legales, con reconocimiento en el sector de transporte, almacenamiento y exportación del crudo, para evitar sospechas.
Entre las empresas que aparecen en el expediente está Gunvor Colombia S.A.S., una sucursal de la multinacional Gunvor Group con matriz en Ámsterdam, que se dedica a los negocios de energía y al comercio, transporte y depósito de productos petrolíferos.
La sede de la compañía en Bogotá registra activos por $ 381.000 millones y su representante es el empresario Jaime Alejandro Hoyos Juliao, quien posee una participación en una casa de veraneo en Anapoima (Cundinamarca), comprada en octubre de 2021 por $ 801 millones, que también fue incautada.
La investigación con la cual se está judicializando a los protagonistas de este megarrobo señala que Gunvor Colombia comercializó internacionalmente el crudo de la investigación luego de haberlo recibido a Niman Commerce S.A.S., su proveedor.
Esta última compañía aparece representada por Hernando Silva Bickenbach, miembro de una prestigiosa familia colombiana y catalogado como uno de los principales dinamizadores de la compra, venta y recepción de hidrocarburos bajo investigación.
Según la investigación, esta empresa tiene un gran músculo financiero, por lo que, por medio de Niman Commerce S.A.S., puede ser el principal comprador de hidrocarburos provenientes de organizaciones sin autorización para su comercialización.
El proceso también llevó hasta Aceicar Ltda., en Cartagena, empresa a la que se le encontró un establecimiento comercial avaluado en $ 1.400 millones, sumado a un edificio de 12 apartamentos con un valor cercano a los $ 1.240 millones y 13 camiones.
Otras empresas involucradas en el proceso son Australian Bunker Suppliers C.I. S.A.S., cuyos activos superan los $ 105.594 millones, y a la que se le incautó un apartamento en el sector de Bocagrande, en Cartagena, y tres barcos: Matilda, Blas de Lezo y Marinse I.
Además de Exportécnicas S.A.S., una camioneta Porsche Cayenne verde jet, avaluada en $ 260 millones, 24 tractocamiones tipo volquetas y vehículos cisterna, 3 lotes en Tolima y un establecimiento de comercio en Ibagué de $ 6.173 millones.