El clan de los Aguilar es uno de los más poderosos de Santander, al punto que en las urnas han derrotado al liberalismo que encabezaba el fallecido senador Horacio Serpa. Pero los Aguilar también han estado involucrados en escándalos de corrupción y parapolítica que justamente tienen bajo medida de detención a el excoronel Hugo Aguilar y a su hijo Richard Aguilar. Los dos coincidieron en reclamar hoy la libertad.
En el caso de Hugo Aguilar, ante el Juzgado 17 de Ejecución de Penas de Bogotá fue radicada por sus abogados la solicitud de libertad condicional y ahora será ese tribunal el que decida si el condenado por parapolítica tiene derecho a este beneficio.
Aguilar es conocido por ser el policía que cazó a Pablo Escobar. Con la fama a cuestas, hacia el año 2000 incursionó exitosamente en la política como diputado de la Asamblea de Santander. Desde allí comenzó a gestar su candidatura a la Gobernación, a donde finalmente llegó y gobernó entre 2004 y 2007. Su hijo, Mauricio Aguilar, es el actual gobernador del departamento y antes de él había estado en este cargo su otro hijo, Richard Aguilar.
El mandato de Hugo Aguilar se vio empañado por constantes denuncias de sus nexos con grupos paramilitares, lo que terminó por llevarlo ante la justicia. Tras varios años de proceso, la Sala Penal de la Corte Suprema, en 2013, encontró responsable a Aguilar de haberse aliado con las Autodefensas Unidas de Colombia, en 2003, para conseguir apoyos económicos para su campaña política a la Gobernación.
Su hijo Richard Aguilar, quien renunció hace poco a su cargo en el Senado y fue Gobernador, solicitó también la libertad a través de su abogado Iván Cancino.
Es señalado por la Corte como presunto determinador de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y es investigado por supuestas irregularidades en varios contratos de infraestructura suscritos entre 2014 y 2015 mientras se desempeñaba como gobernador de Santander.
Richard Aguilar renunció a su cargo en el Congreso porque consideró que no tenía garantías para un proceso justo en la Corte Suprema de Justicia, y al dejar de ser parlamentario su investigación fue asumida por la Fiscalía General de la Nación. Ese es uno de los argumentos por los que se solicita que se pueda defender en libertad.
En este caso los investigadores revisan la evidencia y los testimonios de Claudia Yaneth Toledo Bermúdez, secretaria de Infraestructura de Santander en el periodo del hoy capturado, y de Lenin Darío Pardo Pulido, esposo de Toledo, y quien también era contratista de la Gobernación de Santander.