Indignación: al coronel condenado Hugo Aguilar le hicieron un busto en su honor

En 2019, en el aeropuerto de Palonegro de Bucaramanga fue recapturado el excoronel Hugo Aguilar. A uno de los hombres más poderosos del departamento y padre de una de las dinastías políticas que marcan la parada en Santander lo volvieron a alcanzar los viejos líos que tiene con la justicia, en esa ocasión por un vehículo Porsche.

Mientras gozaba de su libertad condicional en el marco del proceso por parapolítica –presuntos vínculos con paramilitares–, Aguilar fue vinculado a un proceso penal por lavado de activos y enriquecimiento ilícito en bienes que ascendían a los 15.000 millones de pesos. El tema financiero resultó altamente sensible, pues Aguilar consiguió el subrogado penal después de acreditar insolvencia ante la Unidad para la Reparación de Víctimas.

Al revisar la concesión del subrogado, fue la misma Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la que consideró que Aguilar debe permanecer en reclusión y revocó la libertad condicional. La razón es que los magistrados consideraron altamente reprochable que Aguilar hubiera “engañado” a la oficina jurídica de la Unidad de Víctimas, cuando a los dos meses de haber quedado libre compró un “vehículo suntuoso”; luego aparentó la venta del mismo, comportamientos considerados por la Corte como una presunta vulneración a la ley penal.

Este hombre, que dijo no tener cómo reparar a las víctimas, pero adquirió un vehículo Porsche, ahora cuenta con un busto en el Parque Nacional del Chicamocha, en el departamento de Santander. La imagen fue revelada por Caracol Radio, emisora que se comunicó con los responsables de la instalación de la misma. La respuesta, según dio a conocer la citada emisora, es que la estructura lleva varios días allí.

El 9 de octubre del año pasado, la juez tercera especializada de Bogotá envió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el proceso que por lavado de activos adelanta la Fiscalía contra el exgobernador de Santander Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, para que esa corporación defina si tiene competencia o no para asumir el conocimiento de la actuación. En ese sentido, la juez suspendió el proceso que adelantaba la Fiscalía por ese caso específicamente. Lo anterior se da en virtud de la solicitud de cesación del proceso que hizo Aguilar Naranjo, teniendo en cuenta que la JEP conoce una investigación en su contra.

El proceso suspendido se relaciona con el análisis que hizo la Fiscalía sobre el presunto crecimiento patrimonial inusitado y acelerado del exgobernador Aguilar Naranjo, en el cual se evidenció que, a través de presuntas triangulaciones comerciales con algunos integrantes de su núcleo familiar y terceras personas, habría intentado legalizar y ocultar recursos obtenidos por su supuesta relación con estructuras del desmovilizado Bloque Central Bolívar de las autodefensas.

Además, luego del revuelo de esa foto, se conoció otro proceso en contra del coronel (r) por su supuesta participación en testaferrato y enriquecimiento ilícito, y por el que le incautaron varios bienes, entre esos, según la Fiscalía, tres carros de alta gama a los que se les sumó el polémico convertible alemán.

La Corte también compulsó copias en ese momento para que se investigara a Aguilar por presunto fraude procesal. El Alto Tribunal manifestó que no entraría a censurar la vida privada del exgobernador dado que su sociedad conyugal se liquidó en el año 2011, pero sí pidió que la Fiscalía investigara si se configura un delito dado que –como lo alegó la propia Procuraduría– a nombre de su exesposa hay millonarias propiedades. Los magistrados fueron claros en señalar que no existe una decisión condenatoria contra Aguilar dentro del proceso por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pero señalaron que no se necesitaba fallo para advertir que se vulneró el compromiso de buena conducta que había adquirido Aguilar con la Justicia.

La Corte afirmó que defraudó la confianza no solo de la judicatura, sino de la administración pública representada en la Unidad de Víctimas, dado que podría estar incurriendo en un delito de fraude procesal. Y esta situación va en contra de la rectitud y honestidad que le son exigibles a una persona que está en proceso de resocialización.