Pensar desde la distancia en la tragedia del Palacio de Justicia me lleva siempre a otra fecha: la del 17 de octubre de ese mismo año. Ese día, por invitación de la Policía Nacional, nos informaron al presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, y a mí, que se había descubierto un plan para tomar el palacio por el M-19, patrocinado por los ‘extraditables’, interesados en que la ley de extradición, que en esos días se iba a discutir en la Corte Suprema de Justicia, fuera declarada inexequible.
El 6 de noviembre, para sorpresa de todos, la vigilancia excepcional que protegía al Palacio de Justicia por la visita del presidente francés, François Mitterrand, había sido levantada. El edificio quedó así en poder de tres celadores de una oficina de vigilancia privada, prácticamente desarmados.
Esa mañana, mi colega y amigo, el consejero Gaspar Caballero Sierra, me dijo: “¿Carlos, te diste cuenta de que quitaron la guardia del palacio?”. Yo le contesté algo que la prensa nacional destacó poco después: “Tranquilo, Gaspar, ya nos pueden matar tranquilos”. Así empezó ese día.
Permanecí con Gaspar en la cafetería una media hora. Luego, tras oír los primeros disparos, regresamos a nuestras oficinas. Allí permanecí desde las 11 y 30 de la mañana hasta esa misma hora de la noche, sin la presencia de las autoridades ni de los guerrilleros.
Durante la reunión se propusieron urgentes medidas: circuitos cerrados de televisión, vidrios de seguridad, barreras eléctricas para las puertas de acceso y más pie de fuerza. Sin embargo, solo lo último fue posible, pues estaba agotado el presupuesto del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia.
Al principio pensamos que se podía repetir lo sucedido con la toma de la Embajada de la República Dominicana (que duró dos meses), y que seguro los guerrilleros se irían luego en avión oficial a Cuba.
A eso de las cinco de la tarde el presidente Betancur me llamó. Me informó que ya todo estaba bajo control y que antes del anochecer estaríamos a salvo. Ante su petición le di el teléfono de mi amigo Julio César, consejero de Estado, quien al oír las melifluas palabras del presidente y ante la pregunta de si tenía miedo, le replicó con esta hermosa frase de Martin Luther King Jr.: “El miedo tocó a mi puerta; la fe salió a abrir y no había nadie”.
La secretaria de Julio César me informó que este, en forma imprudente, había salido al corredor en medio del tiroteo. Ahí decidí moverme de mi refugio. Vi el incendio que venía de norte a sur. Las llamas eran de un color magenta penetrante.
Decidí abandonar el lugar para no morir calcinado. Salí con mis secretarias al corredor y vi un guerrillero con un fusil. Cambiamos de rumbo hacia el sur y con un grupo de unas 13 personas bajamos las escalas y salimos a la cafetería. De allí, accedimos a la puerta principal de la plaza de Bolívar y continuamos a la Casa del Florero. La Policía nos pidió los números telefónicos para avisar a nuestras familias, favor que no nos hicieron.
Insisto en que nadie nos rescató, pese a que figuré en la lista de los rescatados por el Ejército con otras 242 personas. Nadie lo hizo, quizá porque la autoridad solo tenía la orden de salvar al doctor Jaime Betancur Cuartas, hermano del presidente, y a la doctora Clarita Forero de Castro, cónyuge del doctor Jaime Castro, en ese momento ministro de Gobierno.
Todo parece indicar que la única finalidad de la autoridad fue liquidar a los guerrilleros que habían tenido la osadía de tomarse el palacio. La falta de intención de proteger a los magistrados, funcionarios y visitantes se infiere de la orden que todos oímos insistentemente: “Disparen a todo lo que se mueva”.
No creo que los guerrilleros del M-19 hayan causado el incendio del palacio, ya que no se evidenció que, como los islamistas, pensaban llegar al cielo de las huríes del profeta Mahoma, por la vía de la inmolación. Se oyeron insistentes rumores de que la Policía, a eso de las siete de la noche, ingresó al edificio con bidones de gasolina y estopa.
Lo he repetido desde 1985. En esos hechos trágicos concurrieron dos grandes y manifiestos responsables: el M-19 que desató la tragedia, quizá movido por la ingenua creencia de que el Poder Judicial era importante en Colombia, y que de ese modo se paralizaría el país. Y el segundo, la autoridad militar por proceder en forma absurda, estúpida y con falta de profesionalismo para reconquistar el palacio sin importar las más de 200 personas inocentes que estábamos allí. Se actuó a la colombiana, en forma incivilizada y torpe, muy diferente a como lo hizo el presidente Julio César Turbay en la toma de la Embajada de la República Dominicana.
Todo esto pone en evidencia que el Gobierno, a través de las Fuerzas Armadas, solo estaba interesado en liquidar al M-19, un grupo subversivo diezmado que tuvo que ser financiado, ante su incapacidad operativa, por los ‘extraditables’ de Pablo Escobar.
Los investigadores concluyeron que no se había probado esa intervención, como si estuvieran esperando encontrar un recibo autenticado en notaría de la entrada de esos dineros al M-19. Tampoco vieron los impresionantes anónimos que recibieron los magistrados de la Corte, ni sopesaron por qué la toma se inició media hora antes de que comenzara la discusión sobre la extradición.
En mi opinión, las investigaciones tuvieron una sola finalidad. El ‘Establecimiento’ cerró filas desde el primer momento para absolver no solo al presidente de la República, sino a las autoridades militares y de Policía. Algunos insignes personajes, alborozados, escribieron que se habían salvado las instituciones y que estas eran más importantes que el centenar de personas que murieron en el incendio.
Pese a que considero que el coronel Alfonso Plazas Vega merecía una sanción, estimo que su pena debió ser mucho menor, pues los que debieron ser investigados y sancionados eran sus superiores, incluido el presidente de la República. No se ha comprobado que el coronel hubiera actuado motu proprio, con franco desacato de las órdenes dadas por el Ejército, una institución donde la obediencia tiene tanta relevancia y significado.
Colombia no se ha podido recuperar del todo de esa tragedia, no solo por la calidad excelsa de los fallecidos, sino porque perdió la gran oportunidad de encontrar su norte con la Constitución de 1991. Los desaparecidos no aparecieron. La fosa común del Cementerio del Sur así lo evidencia, porque allí fueron a parar los cadáveres sin identificar que la Policía ese jueves, siete de la noche, ordenó retirar de Medicina Legal, con el argumento de que Almarales quería tomarse el anfiteatro.
Han pasado 30 años y pese a las múltiples investigaciones, subsisten preguntas sin responder:
1) ¿Por qué si la toma fue sorpresiva, las Fuerzas Armadas llegaron al palacio al poco tiempo, como si a los asaltantes los hubieran estado esperado a la vuelta de la esquina? 2) ¿Por qué alguien retiró la guardia del palacio tres días antes de la toma? 3) ¿Por qué un tanque disparó un cañonazo al frontis del palacio? 4) ¿Por qué si pretendían rescatar a los rehenes que permanecían en poder de la guerrilla en el baño trágico, los soldados dinamitaron la pared del mismo y dispararon hacia su interior, sin tener en cuenta las casi 60 personas que allí permanecían, entre guerrilleros, magistrados y visitantes? 5) ¿Por qué un juez de Instrucción Penal Militar le ordenó a Medicina Legal esa noche del jueves que entregara a la Policía los cadáveres recién remitidos del palacio, sin identificar, los cuales aparecieron después en una fosa común en el Cementerio del Sur? 6) ¿Qué pasó con los empleados de la cafetería? 7) ¿Qué sucedió con las dos guerrilleras llevadas a la Casa del Florero ese 6 de noviembre? 8) ¿Por qué días después de la tragedia, cuando todo el edificio estaba en ruinas, alguien dio la orden de limpiar el baño trágico, con el argumento de que estaba sucio? 9) ¿Por qué hicieron el levantamiento de los cadáveres encontrados en las distintas oficinas en el patio central, y estos estaban previamente lavados? 10) ¿Por qué en la alocución presidencial de ese viernes 8, el presidente, quizá para acallar las versiones de que las Fuerzas Armadas le habían dado un golpe de Estado (exprés), afirmó que él había dado todas las órdenes y luego, ante los jueces, sostuvo que la autoridad militar había cumplido el operativo a su saber y entender? 11) ¿Por qué el otorgamiento de las amnistías e indultos a favor de los guerrilleros del M-19 se cumplió como un trámite de rutina, un poco a hurtadillas y como si nadie fuera responsable y nada hubiera pasado?”.
*Este testimonio fue publicado en el Informe Especial por los 30 años del Palacio de Justicia.
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