Mientras el país sigue de cerca la imputación de cargos contra dos fichas claves del Gobierno Petro por el escándalo de la UNGRD, la Procuraduría tomó decisiones trascendentales en la investigación que avanza contra funcionarios por determinar a raíz de las gestiones que habrían realizado para que el prófugo exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, consiguiera residencia y asilo en Nicaragua.
SEMANA conoció que en los últimos días, en medio de la práctica de pruebas, el procurador general de la nación, Gregorio Eljach, autorizó una prueba compleja a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales - DNIE.
Fuentes dentro de la entidad le confirmaron a SEMANA que, por resolución, las pruebas complejas se autorizan por decisión exclusiva y potestativa del procurador general, Gregorio Eljach, para buscar información delicada que, incluso, podría terminar afectando derechos fundamentales y provocando una eventual injerencia en la vida de los investigados.
Mediante este mecanismo, la Procuraduría podría afectar derechos como la intimidad, la posible inmunidad, solicitar pasados financieros y hasta podría golpear la condición de asilado que, en este caso, tiene el alto exfuncionario del Gobierno Petro, teniendo en cuenta que es un derecho político. Esta prueba compleja también aplica para los funcionarios de la Cancillería que terminaron envueltos en esta nueva investigación.
La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría tiene la responsabilidad de dar conceptos técnico-científicos, llevar a cabo pruebas y adelantar diligencias junto a la policía judicial para avanzar en los procesos. Ahora apoya este caso que vuelve a sacudir al Gobierno Petro.
Esta revista conoció que la DNIE también está apoyando este proceso con la búsqueda en medios abiertos como internet y redes sociales para encontrar pistas que puedan resolver la forma en que González recibió la nacionalidad y el asilo en Nicaragua, mientras estaba siendo procesado y buscado por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD.
La inspección pendiente a Migración Colombia
En los próximos días, la Procuraduría General se prepara para adelantar una inspección disciplinaria a las instalaciones de Migración Colombia, en Bogotá, para obtener todos los documentos que acreditaron la salida del país del exdirector del DAPRE en 2024.
En esta etapa de la investigación también le enviaron un oficio a la Fiscalía General para que certifique la fecha de imputación y orden de captura contra Carlos Ramón González. Esa prueba está en poder del ente de control desde el pasado 2 de septiembre.
Hace tres meses la Procuraduría abrió una indagación disciplinaria al Ministerio de Relaciones Exteriores para verificar los trámites de residencia, la correspondencia, el uso de vehículo y casa oficial, y los datos de los funcionarios involucrados en este nuevo caso que empezó cuando se confirmó que González vivía en Nicaragua, mientras que la justicia en Colombia lo sigue esperando.
La indagación trata de determinar si algún funcionario habría cometido faltas disciplinarias, por las gestiones que habrían realizado para que a González lograra esos requisitos que le permitieran seguir en Nicaragua. Así mismo, se busca establecer si el prófugo utilizó bienes públicos como la casa y el vehículo oficial que el Estado colombiano tiene en ese país.