Después de varias interrupciones, un juez de control de garantías de Bogotá resolvió la petición de medida de aseguramiento en centro carcelario elevada por la Fiscalía General en contra del alcalde del municipio de Villa de Leyva, Víctor Gamboa.
Para la funcionaria judicial, el mandatario representa un peligro para la sociedad y, estando en libertad, puede manipular evidencia y presionar a testigos en su contra. Hecho por el cual ordenó su traslado a un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.
La Fiscalía General le imputó los delitos de concusión en concurso homogéneo y sucesivo y prevaricato por acción.
El alcalde no aceptó los cargos tras la pregunta del juez de control de garantías.
El caso tiene relación con las presuntas exigencias económicas que habría hecho Gamboa para otorgar una licencia de construcción en dicho municipio a una reconocida familia de constructores oriunda de Nariño.
Según rezan las pruebas recolectadas por la Fiscalía General, en 2024, la familia recibió la licencia para construir una vivienda en zona rural de la vereda El Roble. Sin embargo, los límites de la construcción se ampliaron considerablemente, hasta rozar los 5.200 metros.
Para sustentar la imputación de cargos, la fiscal de la unidad anticorrupción puso de presente una serie de audios e interceptaciones telefónicas en las cuales se le escuchaba a Gamboa realizar las exigencias económicas a una empresaria de la constructora.
En uno de los audios, registrados el 4 de marzo de 2026, por medio de una aplicación de mensajería instantánea, el mandatario municipal le reitera a la empresaria la necesidad de recibir un porcentaje del contrato. Tras la negativa de la contraparte, le señaló que se atendría a las consecuencias.
El 5 de marzo, el alcalde se volvió a contactar con la empresaria y le manifestó que no iba a mencionarle más el tema.
Sin embargo, el 11 de abril, los constructores recibieron la visita de la Policía en compañía de un funcionario de la Secretaría de Planeación de Villa de Leyva, que sancionó la obra y le impuso una multa.
Para después anunciarles que iban a realizar la demolición de lo que llevaban construido por incumplimientos.
La defensa del mandatario señaló en las extensas audiencias que el mandatario aplicó la ley al recibir información de que la obra no cumplía con las especificaciones de la licencia.
Por esto, señaló que jamás existió un abuso de poder y mucho menos una irregularidad, ya que, como indican varias pruebas, en el lote de la vereda se estaban construyendo un complejo de cabañas, con piscina, auditorio, lagos artificiales, pesebreras y una capilla.
Algo muy lejano a la cabaña que mencionaba la licencia otorgada por la Secretaría de Planeación.