40 años después de los hechos que rodearon la toma del Palacio de Justicia, este viernes 28 de noviembre se realizó la presentación de la nueva placa conmemorativa en una de las columnas del Palacio Liévano, donde se encuentra la Alcaldía Mayor de Bogotá, en pleno centro de Bogotá.
Después de que se retirara la placa por considerar que no reflejaba los hechos que realmente se presentaron durante el 6 y 7 de noviembre de 1985, familiares de los desaparecidos del Palacio y magistrados que murieron al interior de la edificación, instalaron la nueva placa.
“El 6 y 7 de noviembre de 1985 Colombia vivió una brutal ruptura del orden constitucional, la guerrilla del M–19 asaltó el Palacio de Justicia, sede principal del poder judicial, manteniendo como rehenes a magistrados, servidores, trabajadores de la rama y visitantes”, indica la nueva placa.
“La ‘retoma’ por parte de las fuerzas militares se realizó con exceso de fuerza y violencia, causando la destrucción del Palacio de Justicia y dejando como resultado casi una centena de muertos y más de una decena de personas desaparecidas forzadamente. Como resultado de la persistencia de los familiares, el Estado colombiano ha sido condenado nacional e internacionalmente y se ha establecido su responsabilidad en las desapariciones forzadas, ejecución extrajudicial y torturas, ejecutadas por el Ejército Nacional”, señala en la segunda línea.
“Con esta placa se honra a todas las víctimas: a quienes sobrevivieron el horror, a quienes les arrebataron su vida, a quienes desaparecieron forzadamente, a quienes torturaron. Se reconoce el dolor, la pérdida y la dignidad de sus familias. Se hace memoria para exigir: ¡NUNCA MÁS!”, concluye.
Militares llamados a juicio por tortura
El pasado jueves, la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia emitió la resolución de acusación contra nueve militares en retiro por los actos de tortura en contra de varias personas a quienes calificaron de “sospechosas” y aliadas del M-19.
“La importancia de los documentos del Ejército que se han recopilado en la actuación (Plan Tricolor 83 y manuales) y cómo la aplicación de lo que en ellos se disponía implicó la vulneración de los mínimos derechos humanos e incidió en los procesados para acometer las torturas”, precisa la resolución con la que se llama a juicio por el delito de tortura agravada.
En la resolución se avaló la petición de los representantes de víctimas que pusieron de presente la existencia de un “patrón sistemático de detención y tortura” para los civiles que se consideraban sospechosos. Muchos de ellos fueron trasladados al segundo piso de la Casa Museo del Florero, donde funcionaba un puesto de mando improvisado del Ejército, para ser sometidas a interrogatorios y actos de tortura.
Otras personas fueron trasladadas a guarniciones militares en el norte de Bogotá, donde fueron torturadas para que revelaran detalles de la toma y de los guerrilleros que habían participado en este plan.
Entre los militares llamados a juicio se encuentran el general (r) Iván Ramírez Quintero y el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, quienes ya fueron condenados por su participación en el delito de desaparición forzada.