El 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia, pasarán dos cosas: se instalará la última legislatura de este Congreso y habrá una nueva jornada de paro con movilizaciones por todo el país. A pesar de la pandemia y las altas cifras de contagios, las protestas se reactivarán. Ese día, sin duda, serán protagonistas dos proyectos de ley que se radicarán en el Legislativo y que podrían ser el detonante de más manifestaciones. Ambos pretenden regular la protesta social.
El presidente Iván Duque tiene lista una iniciativa cuyo objetivo es contener el vandalismo. Sin embargo, la propuesta podría quedarse en un mero anuncio porque varios sectores han expresado que existen herramientas para combatir los actos por fuera de la ley en las protestas sociales. “Lo que hay regulado ya está en el Código Penal, lo otro ya está en el Código de Policía”, dijo el abogado Iván Cancino, quien augura el naufragio de esta iniciativa.
Los argumentos a favor del proyecto, por parte del Gobierno, señalan que es necesario dejar consignado en la ley la diferencia entre la protesta social y los actos de violencia. A pesar de ello, en el Congreso ven como innecesaria esta discusión. De hecho, el abogado Alirio Uribe afirmó que esa propuesta es “populismo punitivo”, tal como lo cree la oposición. Los partidos que acompañan al presidente Duque tampoco están seguros de que esta ley sea necesaria.
Por otro lado, el senador Juan Diego Gómez, quien será el próximo presidente del Senado, radicará un proyecto para reglamentar la protesta social. Se trata de una ley estatutaria que busca definir unas reglas claras para las movilizaciones y desarrollar el artículo 37 de la Constitución Política. Este apartado indica que el pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, pero permite a la ley establecer, “de manera expresa, los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. La propuesta no es nueva. Gómez ya había radicado una iniciativa en el mismo sentido con motivo de los desmanes que se presentaron a finales de 2019 en el primer paro nacional.
SEMANA conoció el proyecto, que tiene 18 artículos y que propone prohibir totalmente las capuchas. Según el texto, esconder la identidad de los manifestantes se presta para desmanes y vandalismo, y plantea sanciones económicas, pedagógicas y punitivas para quienes no se acojan a la norma. Además, se busca prohibir los elementos que atentan contra la integridad física de los miembros de la fuerza pública. Otro artículo dice que las marchas no podrían realizarse a 500 metros de distancia de hospitales, aeropuertos o bienes considerados patrimonio cultural. Si esto ocurre, habrá multas o trabajos sociales para los manifestantes. El senador Gómez tiene la certeza de que el proyecto suscitará un amplio debate, pero pide que se reglamente lo dispuesto en la Constitución. “Es clave que se adelanten las discusiones para que se defina democráticamente si el proyecto avanza o no”, dijo.
En las disposiciones también se incluye a la fuerza pública. La iniciativa busca que el Esmad identifique al personal que estará durante la protesta, que exista una orden escrita del superior jerárquico que autorice la actuación, y ordena que exista una verificación previa por parte de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría sobre el equipo y armamento que se usará. Así mismo, la norma incluye un capítulo que prohíbe el uso de armas de fuego por parte de la policía durante las movilizaciones. Esto en concordancia con una de las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de su visita a Colombia.
Finalmente, el articulado pretende que, para garantizar la atención médica y evitar incendios, habrá una ambulancia por cada 300 integrantes de la Policía, y una máquina de bomberos en los lugares en donde estén más de 500 miembros de la fuerza pública. Al ser impulsada por un congresista, al menos en teoría, esta propuesta tendría más posibilidades políticas de ser discutida que la del Gobierno. Hay sectores políticos convencidos de que debe haber una reglamentación para frenar la ola de violencia en el país en medio del paro.