En un contexto marcado por desafíos en seguridad, gobernabilidad y confianza institucional, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) realizó el encuentro “Corrupción y Crimen Organizado en Colombia: claves para entender esta relación”, un espacio de alto nivel que reunió a expertos de la cooperación internacional, la academia y el periodismo investigativo para analizar cómo estos fenómenos operan de manera interconectada en el país.
La conversación contó con la participación de Andrea Agudelo, coordinadora regional del área de corrupción y delitos económicos de UNODC para la Región Andina y el Cono Sur; Carolina Montes, directora del Departamento de Derecho del Medio Ambiente y Tierras de la Universidad Externado de Colombia; y la periodista Paula Bolívar, ganadora del Premio Simón Bolívar, quienes analizaron cómo estas redes inciden en economías ilegales, territorios, flujos financieros ilícitos y dinámicas institucionales en Colombia y América Latina.
Durante el evento se expusieron cifras, hallazgos y patrones que evidencian cómo la corrupción no solo afecta recursos públicos, sino que también facilita la expansión y protección de estructuras criminales, el lavado de activos y economías ilícitas en distintos territorios del país. Los expertos coincidieron en que combatir estos fenómenos requiere una respuesta integral basada en fortalecimiento institucional, información estratégica, cooperación internacional y participación ciudadana.
Uno de los principales hallazgos presentados durante el evento fue que la ciudadanía sí está dispuesta a denunciar hechos de corrupción. Según la encuesta territorial desarrollada por UNODC en departamentos priorizados del país, el 82% de los encuestados afirmó que denunciaría un acto de corrupción si llegara a conocerlo y el 73% manifestó conocer canales de denuncia segura y anónima. Sin embargo, el miedo a represalias continúa siendo el principal factor que desincentiva la denuncia. El estudio también evidenció una alta percepción de normalización de la corrupción en los territorios: el 58% de los participantes considera que la corrupción es una práctica tolerada o normalizada y el 67% cree que muchas personas recurren a prácticas corruptas para obtener beneficios.
Entre las prácticas más señaladas se encuentran el desvío de recursos públicos, el soborno a funcionarios y el tráfico de influencias. Asimismo, las principales consecuencias identificadas fueron la pérdida de recursos públicos, el aumento de la pobreza y la desigualdad, y la impunidad.
Durante el encuentro también se destacó el papel estratégico de la Línea Anticorrupción 157 como mecanismo seguro y anónimo para fortalecer la detección temprana de riesgos de corrupción y convertir información ciudadana en acciones institucionales. Según las cifras presentadas, esta plataforma ha recibido más de 34.000 reportes ciudadanos, ha permitido identificar 583 presuntos incidentes de corrupción y ha evidenciado más de $550 mil millones de pesos comprometidos en denuncias relacionadas con recursos públicos.
Además, en el marco electoral, la Línea 157 permitió identificar 302 presuntos incidentes electorales, consolidándose como una herramienta clave para fortalecer la transparencia y reducir escenarios de impunidad.
“La mayoría de la ciudadanía está dispuesta a denunciar y conoce canales de denuncia, pero es necesario protegerla de represalias”, fue uno de los mensajes destacados durante el encuentro. Asimismo, se reiteró que “la corrupción y el crimen organizado se alimentan mutuamente y están mucho más conectados de lo que parece”, resaltó en su intervención Andrea Agudelo, coordinadora regional del área de corrupción y delitos económicos de UNODC para la Región Andina y el Cono Sur.
El evento también resaltó el papel de la cooperación internacional y de actores como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el fortalecimiento de capacidades institucionales para enfrentar fenómenos complejos como la corrupción, el lavado de activos y el crimen organizado. Entre los casos exitosos presentados se destacó la estrategia implementada en puertos colombianos para combatir estos delitos, una iniciativa que ya ha sido replicada en otros países de la región, como Ecuador.