La Corte Internacional de La Haya se pronunció sobre la disputa entre ambos países en la zona marítima de San Andrés, tras la demanda presentada por Nicaragua en 2013 en la que argumentó que no se estaba cumpliendo con el fallo del 2012 de ese tribunal internacional.
Como se esperaba, la Corte determinó que Colombia no ha cumplido la sentencia y que el país ha violado los derechos marítimos de Nicaragua.
Sin embargo, hay otros puntos que han llamado la atención y que algunos interpretan como un avance para Colombia. Por ejemplo, en el caso de los raizales, que ha sido uno de los centros de la discusión, se ha interpretado que podrían mantener sus derechos para continuar haciendo actividades de pesca artesanal en las zonas determinadas, aunque no se podrá hacer pesca industrial por parte del país.
El presidente Iván Duque destacó que los pescadores podrán mantener sus actividades en el lugar. “Los pescadores raizales pueden navegar en el Caribe hasta llegar a los bancos de pesca que tienen y que han tenido históricamente y que además están en el mar territorial colombiano y en la zona económica exclusiva de nuestro país tal y como se ha venido haciendo históricamente”, aseguró el primer mandatario desde la isla.
Otro punto fundamental es que la Corte pidió en su sentencia que Nicaragua y Colombia se sienten a conversar para garantizar esos derechos de las comunidades del archipiélago y que se puedan ejercer más allá de los límites marítimos demarcados en la sentencia del 2012 por la Corte Internacional.
Para muchos, ese punto del fallo será una de las grandes complejidades, sabiendo que las relaciones entre el Gobierno colombiano y nicaragüense son prácticamente nulas. De hecho, el presidente Iván Duque ya se pronunció sobre esa posibilidad, reconociendo que a pesar de que hace unos años hubo conversaciones con ese país, hoy es un panorama complejo por el régimen de Daniel Ortega.
“Cualquier diálogo o negociación que se emprenda con el gobierno nicaragüense tiene que tener como punto de inicio y de partida ese tratado Esguerra-Barcenas de 1928, en donde está retratado de manera clara y coincidente con el artículo 101 de la Constitución nacional. Esa tiene que ser la hoja de ruta para proteger integralmente nuestros intereses y para proyectar el poder que Colombia ha exhibido en el área”, afirmó Vicente Torrijos, experto y profesor titular de la Escuela Superior de Guerra.
Torrijos agregó que es evidente que en los pocos meses que le quedan al presidente Duque en el cargo, y sabiendo las posiciones de ambos dirigentes, será muy difícil que en estos meses se adelanten las conversaciones, sin embargo, eventualmente un cambio de gobierno en Colombia podría dar pie a esa posibilidad.
Por su parte, Ricardo Abello, experto internacionalista y exmiembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, considera en el mismo sentido que esas conversaciones hoy no parecen una realidad.
“Lo sucedido con el embajador en Nicaragua y todo lo que está sucediendo con relación a Nicaragua al régimen de Ortega hace que sentarse a negociar estos acuerdos sea muy complicado hoy en día”, reconoció Abello.
Un punto clave en el que se considera una victoria para Colombia es que los jueces de La Haya determinaron que el decreto 33 de 2013 de Nicaragua, en el que se fijaron límites marítimos por parte de ese país, va en contra del derecho internacional, por lo que se espera que ese país deba modificar y rectificar ese decreto.
En el caso de la presencia de la Armada Colombiana en aguas del mar Caribe, que es otro de los puntos claves del fallo, según las interpretaciones y lo mencionado por el presidente Duque, continuará haciendo presencia en los límites establecidos y manteniendo la seguridad en esa zona fronteriza del país, en donde también es una realidad la presencia de narcotráfico y pasos de droga hacia otras zonas de la región.
“Se comprueba que la Armada Nacional sigue adelante con ese tipo de operaciones”, interpretó Torrijos.
“La Corte reconoció el derecho de Colombia a navegar libremente en el área para luchar contra los delitos transnacionales y el narcotráfico, desde un comienzo esa fue la posición de la defensa de Colombia y fue lo que la Corte reiteró el día de hoy”, aseguró el presidente Duque.
Sin embargo, Abello considera que no se podrán ejercer algunos derechos de protección al medio ambiente en la zona de Nicaragua, por ejemplo en los casos en los que haya pesca indiscriminada, y en ese sentido se tendrían que controlar a través del Estado ribereño.
¿Qué viene ahora en este conflicto marítimo?
Por ahora, ambos países deberán ajustar sus decretos para cumplir con lo mencionado por la Corte Internacional. En el caso de los raizales, se podría interpretar que sus derechos siguen siendo resguardados y que en un primer momento sus actividades no se verán afectadas.
Por otro lado, se espera que con el cambio de gobierno en Colombia en los próximos meses, dependiendo de qué sector llegue al poder, se pueda abrir la puerta a un eventual diálogo con Nicaragua, que en todo caso será complejo por el régimen de Daniel Ortega. Para algunos analistas, la mejor salida es buscar acuerdos bilaterales para que los isleños puedan convivir y desarrollar sus actividades armónicamente, independientemente de los límites entre ambos países.
En el caso del proceso en la Corte Internacional, este fallo ya es definitivo, por lo que no es inapelable y es de obligatorio cumplimiento. Se espera que para finales del segundo semestre del año o a comienzos del 2023 haya un llamado a audiencias con respecto a la plataforma continental extendida.