La Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General le solicitó formalmente a la Cancillería un concepto sobre la situación de Carlos Mattos. Esto, ante el comunicado que envió la Embajada de España en el que señala que solo puede ser juzgado por dos de los cuatro delitos que se le imputan en el llamado a juicio por el caso Hyundai.
Teniendo en cuenta los alcances del tratado de extradición que existe entre los dos países, se señala que Mattos ―quien fue extraditado en noviembre pasado tras pasar muchos años en España― no puede ser juzgado por los delitos de utilización ilícita de redes de comunicación y acceso abusivo a un sistema informático y daño informático. Esto debido a que estos casos no están tipificados en la legislación española.
La respuesta de la Cancillería es clave antes de la reanudación del juicio contra Mattos por liderar un plan para alterar el sistema de reparto en los juzgados civiles de Bogotá, con el fin que la demanda que presentó fuera direccionada al despacho del juez sexto civil municipal que era presidido por Reynaldo Huertas, quien en tiempo récord emitió medidas cautelares que beneficiaron al empresario.
Huertas ya había recibido una comisión por parte de un emisario de Mattos. Junto a él, el empresario sobornó a todos los funcionarios y empleados de la Rama Judicial que tenían el control sobre el sistema de repartos.
El ente investigador espera un “salvavidas jurídico” para tomar una decisión de fondo en este proceso, puesto que consideran que estos delitos son los más graves y marcan la conducta atípica de Mattos.
El proceso contra el empresario se reactivó luego que un juez de conocimiento de Bogotá tumbara el preacuerdo pactado con la Fiscalía al considerar que la pena de cuatro años y seis meses de prisión era muy baja.
Mattos niega soborno a fiscales
En la audiencia del pasado martes, el empresario ―quien actualmente se encuentra en la cárcel de Cómbita (Boyacá)― negó los señalamientos que hizo hace algunas semanas el abogado Iván Cancino. El expresidente de Hyundai Colombia pidió la palabra y aseguró que las acusaciones que hizo el jurista, quien hasta hace poco lo representó, no son ciertas.
“Eso es una falsedad absoluta, total y llena de veneno”, recalcó el empresario haciendo referencia al hecho que supuestamente le habría pagado 900 mil dólares a los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancourt para fijar la pena del preacuerdo.
SEMANA reveló hace dos semanas una conversación que tuvo el abogado Cancino con el periodista Gonzalo Guillén (quien también ha sido mencionado en este proceso judicial). En la charla, el jurista aseguró que tuvo conocimiento que Mattos le había girado 300 mil dólares al abogado Alejandro Sánchez para que “cuadrara” toda la negociación y se fijara la pena más mínima.
En otro de los apartes de su intervención Mattos aseguró que está dispuesto a atender los llamados de la justicia para “aportar la verdad” y “reparar a quienes hoy están reconocidos como víctimas”, es decir, la Rama Judicial.
El empresario colombo-español enfrenta otro juicio por haberle enviado 100 millones de pesos en efectivo a la jueza 16 civil municipal de Bogotá, Carmen Ligia Pérez, como “agradecimiento” por dejar en firma las medidas cautelares que le permitieron seguir comercializando en Colombia los vehículos de la marca Hyundai.