La Fiscalía prometió un concurso de mérito para ocupar los cargos de carrera en el ente acusador y cumplieron. Se destacaron a los mejores para los puestos que estaban ocupados con resoluciones de provisionalidad, pero entre líneas apareció lo que fiscales consideraron la “trampa” del concurso.
El concurso, que tenía el objetivo de garantizar transparencia en la elección de los funcionarios de carrera en la entidad, se convirtió, según los propios fiscales, en la forma de descabezar, trasladar y remover a los investigadores de los casos de connotación nacional, incluso en etapa de juicio.
Así ocurrió, señalan los funcionarios, con los fiscales de casos como las chuzadas y el polígrafo a Marelbys Meza, el coronel Carlos Feria, ex jefe de seguridad de Gustavo Petro, y la propia investigación contra Nicolás Petro, además de otros procesos que con el concurso aterrizaron en otros despachos, con las demoras que genera el cambio de fiscal.
El concurso, además de la inscripción y la presentación de documentos, contemplaba la presentación de una prueba de mérito, un examen para evaluar la condición académica y la experiencia de quienes participaban. Muchos funcionarios que estaban en provisionalidad se inscribieron y pasaron.
En el caso de los fiscales especializados, se tenían más de 400 plazas por ocupar y los funcionarios que cumplían hasta dos décadas en la Fiscalía obviamente aprobaron las pruebas de mérito, incluso obtuvieron altos puntajes que los dejaron en los primeros renglones del concurso, pero no fue suficiente.
El reclamo de los fiscales que ocuparon los primeros puestos en las pruebas de conocimiento está en una reunión virtual que programaron la dirección de Talento Humano y la Comisión de Carrera de la Fiscalía, para darle la oportunidad de elegir la ciudad dónde asumir el cargo, un beneficio por obtener los mejores puntajes; esa reunión fue el punto de quiebre.
En la reunión, los fiscales tenían tres minutos para presentarse, mostrar en cámara su documento de identidad y explicar por qué querían estar en la ciudad de su elección. Cumplidos los tres minutos, no había posibilidad de cambiar o alterar el resultado de esa improvisada entrevista.
El problema es que no es igual conectarse en Bogotá o Medellín que en los rincones de Colombia, y algunos fiscales en las regiones tuvieron problemas de conexión, no alcanzaron a usar los tres minutos disponibles y, en consecuencia, como supuesta regla del concurso, terminaron al final de la cola de posibilidades de elección, a pesar de obtener los mejores puntajes en las pruebas de mérito.
“Durante la audiencia, quienes dirigían el evento informaron y aplicaron una regla, según la cual, si pasaban tres (3) minutos sin ‘conexión’ del participante, este perdía la oportunidad de escoger la vacante y pasaría al final de la lista”, señala una tutela que debieron presentar los fiscales afectados por la decisión de enviarlos al final de la lista por problemas de conexión.
Los problemas de conexión de los fiscales se convirtieron en el argumento principal para “castigarlos” al final de la fila de elegibles, a pesar de obtener los mejores puntajes en las pruebas de mérito. En otras palabras, conseguir un excelente puntaje en las pruebas no era tan relevante como tener buen internet el día de la reunión.
“Seguidamente, el moderador Carlos Humberto Moreno Bermúdez, director de la Comisión de Carrera, me exigió mostrar mi cédula por la cámara. Por razones técnicas de enfoque/visualización (calidad de cámara, iluminación, enfoque automático), la cédula no se logró enfocar con nitidez pese a mis intentos”, advierte la tutela.
Fueron tantas las tutelas que presentaron los funcionarios afectados con la decisión de darle más valor a la conexión de internet que al puntaje de las pruebas de conocimiento, que fue necesario agruparlas y en un fallo las declararon improcedentes. Aparentemente, se quedaron sin herramientas de defensa.
Sin embargo, otra juez en la ciudad de Cali consideró que la tutela fallada en Bogotá tenía un alto contenido de inteligencia artificial, es decir, que no fue fruto de un estudio riguroso, sino de una recopilación aleatoria del sistema, datos y registros disponibles en internet, donde no se impuso el criterio del juez, sino de la máquina.
“En consecuencia, al haberse prescindido de la integración de terceros que por la naturaleza de las pretensiones ostentan interés en las resultas del trámite, deviene necesario decretar la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio de la demanda, inclusive, con el fin de que se subsane la irregularidad advertida y se vincule a los interesados para que ejerzan su derecho de defensa”, señala la decisión.
Los funcionarios advierten que, a pesar de las denuncias, de las propias decisiones de los jueces, el asunto no cambió y los fiscales que ocuparon los primeros lugares en las pruebas de conocimiento terminaron al final de la fila de elegibles, lo que motivó a muchos a no recibir los cargos que por mérito se ganaron.
“Aprovecharon los cargos que no se ocuparon para ubicar a recomendados; incluso movieron algunos fiscales que se ganaron el concurso para asignar procesos especiales como el caso de Nicolás Petro, donde se supone llegaba una fiscal y terminó otro”, advirtieron los funcionarios que hablaron con SEMANA.
Los instrumentos legales están en curso, pero soluciones al interior de la Fiscalía, dicho por los propios funcionarios, no están en lista. El problema es que, mientras el tiempo pasa, quienes exigieron el debido proceso se quedaron esperando una respuesta.