Un escándalo sacude a la Armada luego de que la Fiscalía destapara el caso del general de Infantería Wilson Martínez, denunciado por violencia psicológica contra su expareja.
La Fiscalía dijo que “obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la presunta responsabilidad del brigadier general de Infantería de Marina Wilson Martínez Londoño en un ciclo prolongado de violencia psicológica en contra de su expareja”.
Añadió el ente acusador que “entre 2022 y 2024, el oficial habría convivido con su excompañera sentimental en medio de un contexto de control a sus actividades diarias, de repudio y descalificación por el físico, trabajo, forma de vestir y de comportarse. Adicionalmente, es señalado de impedirle ejercer la maternidad al alejarla de su hijo menor de edad”.
Asimismo, indicó: “La investigación desarrollada con un enfoque diferencial de género y de protección integral a la víctima evidenció que el uniformado, al parecer, aprovechó su distinción y posición de poder para someter a su expareja a violencia vicaria y económica, entre otras conductas reiteradas que generaron en ella afectaciones físicas y emocionales”.
“Por lo anterior, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia trasladó escrito de acusación al brigadier general Martínez Londoño, en los términos de la Ley 1826 de 2017 (Procedimiento Penal Especial Abreviado), por el delito de violencia intrafamiliar, cargo que no fue aceptado”, reveló la Fiscalía.
Frente a lo señalado, el oficial expresó que su caso se presentó luego de descubrir un hecho de infidelidad de su expareja.
“La denuncia penal formulada en contra de nuestro representado, en la cual apoyó la Fiscalía la imputación de violencia intrafamiliar, es infundada y constituye una reacción directa al descubrimiento de una infidelidad de la que él fue víctima”, señaló el oficial a través de su defensa jurídica.
Agregó: “La señora que en ese momento era su pareja presentó esa denuncia luego de que nuestro defendido se enteró, a través de una prueba genética de ADN, que el menor que él había reconocido como padre biológico hacía apenas cinco meses, en realidad no era su hijo. A partir de ese momento se produjo la ruptura de la relación”.
“Tras este hallazgo, se presentó la respectiva demanda de impugnación de paternidad. Tres meses después de radicada, la denunciante se allanó a la demanda y un juez de la República de Familia declaró a través de sentencia que el niño no es hijo de nuestro defendido, ordenando la correspondiente modificación del registro civil para que refleje la verdadera filiación”, señaló la defensa del general.