Un informe de Human Rights Watch revela las impactantes cifras del reclutamiento infantil en el país. El documento recoge las investigaciones de la Defensoría del Pueblo y concluye que “al menos 1.500 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados desde 2021″. El reporte advierte que hubo un incremento de estos casos desde 2023.
“Los grupos armados disidentes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) están detrás de la gran mayoría de los casos denunciados, y más de la mitad de ellos se concentran en el Cauca, un departamento del suroeste del país”, concluye.
“Los grupos armados en Colombia están reclutando a niños, niñas y adolescentes con impunidad, los sistemas de protección están fallando y las plataformas de redes sociales se han convertido en terreno fértil para el reclutamiento”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Cada niño reclutado es una muestra del fracaso del Estado”, agregó.
El informe muestra facetas dolorosas de este crimen. Por ejemplo, frente a los grupos étnicos.
“Los niños y niñas indígenas representan casi la mitad de todos los casos documentados, a pesar de que los pueblos indígenas constituyen apenas el 4 % de la población de Colombia. Más del 30 % tenían entre 10 y 14 años, cuyo reclutamiento podría considerarse un crimen de guerra según el derecho internacional”, asegura el documento.
El informe narra la forma cómo los grupos armados han reclutado a los niños. “Los investigadores revisaron más de 70 cuentas y 40 publicaciones en plataformas de redes sociales como Facebook y TikTok que glorificaban la pertenencia a grupos armados e invitaban a usuarios a unirse a ellos. Los investigadores también revisaron y analizaron datos de múltiples fuentes, incluidas instituciones nacionales y gobiernos locales”.
“Human Rights Watch se puso en contacto con Meta (Facebook) y ByteDance (TikTok) para informarles sobre estos hallazgos. Ambas plataformas informaron que sus políticas prohíben la difusión de contenido que promueva, apoye o proclame a organizaciones violentas, incluidos los grupos armados colombianos, y que cuentan con mecanismos para prevenir su presencia en las plataformas y proteger a los niños. Ambas informaron haber removido los perfiles que Human Rights Watch les había señalado por tener contenido explícito de los grupos armados, incluyendo ofertas de reclutamiento”. agregó el informe.
El informe destaca que falta mucho por hacer para que la respuesta del Estado sea efectiva. “Los esfuerzos del Gobierno por la recuperación y reintegración de los niños y niñas desvinculados no se han adaptado a las nuevas realidades de la violencia en Colombia y dan un trato desigual a los niños y niñas según la naturaleza del grupo armado que los victimiza. Los que son reclutados por grupos considerados partes del conflicto armado ingresan a un programa especializado y tienen derecho a recibir reparaciones, mientras que los que han sido utilizados por grupos delictivos organizados—que no son partes del conflicto armado—pueden ser procesados penalmente o enviados a un programa común para todos los niños y niñas víctimas de cualquier forma de abuso”, concluye el informe.